El problema de la corrupción en el Estado también tocó las Altas Cortes. La semana pasada, estalló lo que para muchos era un secreto a voces: que en el Consejo de Estado había una red de tráfico de influencias. El Ministerio Público decidió suspender a tres funcionarios de este Tribunal y pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investigue al magistrado José Alfredo Escobar Araújo del Consejo Superior de la Judicatura.
Este hecho se sumó a las denuncias por el tráfico de influencias en la Sala Quinta del Consejo de Estado, que fueron conocidas luego de que se publicaran unas grabaciones, en las que se infiere que el ex consejero de Estado, Juan Ángel Palacio -hoy aspirante a la Fiscalía- se prestaba para hacer favores a particulares cuando hacía parte del Alto Tribunal. Sin embargo, esta investigación fue archivada por falta de pruebas, pero despertó las dudas sobre su idoneidad para ocupar uno de los cargos más importantes en la rama de la Justicia.
A propósito de la preocupación por lo que está pasando en la rama judicial, Semana.com habló con la directora de la Corporación Excelencia de la Justicia, Gloria María Borrero, quien dijo que el país estaba en mora de abordar el problema de la corrupción en la justicia.
Semana.com: La Corporación alertó al comienzo de este año la existencia de corrupción en la Rama Judicial…
Gloria María Borrero: La corporación desde hace tres años comenzó a hablar de la corrupción en la Justicia, porque desde hace rato no se hablaba del tema. Quisimos aproximarnos al problema para ver hasta qué punto estaba cooptada la justicia y tuvimos una experiencia que se la quiero relatar:
El tema de investigación de Transparencia Internacional en 2007 fue la corrupción judicial. Pero no habló de Colombia en su informe. Por eso decidimos abordar el tema, porque veíamos que era muy alta la corrupción de esta rama del poder público en todos los países del mundo, pero en Colombia el tema estaba callado. Con todo lo que había pasado en Colombia, con todas las instancias del Estado afectadas por la mafia, decíamos: “imposible que la justicia sea la única impoluta”.
Semana.com: ¿Qué fue lo que encontraron?
G.M.B.: En 2007, revisamos todos los estudios sobre corrupción, pero encontramos que todos la evalúan desde el punto de vista de la percepción que tiene la gente. “Usted cree que la justicia es corrupta, si o no”. Pedimos información de las cifras que tiene el Consejo Superior de la Judicatura. Nos encontramos que estas eran tan generales que no nos permitían averiguar cuántos jueces estaban sancionados y cuántos casos había, y por qué razones. Es decir: seguimos adolesciendo de los mismos problemas del pasado.
Cuando le preguntábamos a los magistrados de las Altas Cortes, nos decían aquí no hay corrupción. Pero empezamos a hacer talleres, con funcionarios de la rama, con usuarios, con ciudadanos y operadores y nos decían “¡claro que sí hay corrupción!”. Por ejemplo nos contaron que había un juez civil del Distrito al que llamaban ‘el Concesionario’, porque vendía todos los autos.
Semana.com: ¿Cuál fue la conclusión del riesgo de corrupción en el Consejo de Estado?
G.M.B.: Muy Alto. A mí me parece muy interesante lo que está pasando en este momento. Ojalá se siga profundizando.
Semana.com: ¿Qué más han encontrado?
G.M.B.: A la corporación le llegan denuncias de anónimos o denuncias de personas a las que yo les digo póngalas ante las autoridades competentes. Ahí la gente se corre porque no tiene confianza en las instituciones. Hay un gran temor de la gente.
Pero ojalá que la ciudadanía denuncie lo que sabe. A mí me llegan rumores de que hay casos de corrupción en la Corte Suprema, en el Consejo de Estado, en el Consejo Superior de la Judicatura. Se decía que las pérdidas de investidura se negociaban en el Restaurante Pajares Salinas, por ejemplo. Pasaron muchos magistrados por el Consejo de Estado que le hicieron mucho daño. Hay corrupción en los tribunales y en los jueces. Nos decían los propios jueces de la Costa Caribe: “Investiguen los bienes, no solo de los jueces, sino de los funcionarios”. Hay corrupción a todos los niveles.
Semana.com: ¿Cuál es el problema más apremiante?
G.M.B.: Hay que empezar por definir qué es corrupción. La corrupción se confunde con falta de independencia del juez, pero eso no es. El estudio que hicimos no tenía la intención de convertirse en una denuncia. No es un estudio de casos. Fue un estudio general. Este fenómeno existe, no sé en qué grado pero sé que existe. Y hay que empezar por ponernos de acuerdo en qué es corrupción. Hay quienes dicen que el tráfico de influencias, por ejemplo, no es un delito.
Hay que reconocer que la justicia no ha sido ajena a lo que le ha pasado a las instituciones del país. Los funcionarios judiciales son responsables de la cooptación del Estado por las mafias. Así sea por ignorancia o falta de capacitación, que son otras causas de la corrupción.
Semana.com: ¿Cuál cree que es la raíz de todos los males?
G.M.B.: Nuestra cultura. La falta de ejemplo. Que no hay sanciones. Aquí estamos acostumbrados a tomar el atajo, al imperio de la ilegalidad y no de la Ley.
Semana.com: ¿En su criterio tiene algo qué ver la forma como se eligen los funcionarios de las Altas Cortes?
G.M.B.: Si, creo que también tiene qué ver con la corrupción, la falta de transparencia en la elección de los magistrados de las Altas Cortes. La Rama Judicial tiene que estar integrada por prohombres y estos no siempre están llegando a as cúpulas de la Justicia.
Semana.com. Finalmente, ¿cuáles cree que son las recomendaciones y posibles soluciones para reducir el riesgo de corrupción de la Rama Judicial?
G.M.B.: Primero tiene que haber una política anticorrupción. Aquí las investigaciones no funcionan, no hay contrainteligencia. Se sanciona a los funcionarios más por morosidad que por otra cosa. Los casos de corrupción de jueces y las sanciones, no se convierten en casos paradigmáticos, que sirvan de ejemplo. Faltan mecanismos disciplinarios rigurosos y de selección de los funcionarios. Debe haber una gran campaña de denuncia. Debe haber un canal por el que la ciudadanía pueda denunciar casos de corrupción de los jueces y fiscales, casos que hasta ahora no se conocen por la ciudadanía.
