Para el hoy expresidente Álvaro Uribe, se trataba de una de las reformas que le faltaban a la justicia y por eso radicó un proyecto en ese sentido, que Santos ordenó retirar del Congreso.
El expresidente Uribe cree que debe haber total separación entre la Fiscalía, que acusa, y los jueces y magistrados, que también acusan y deciden.
A finales de julio de 2010, poco antes de dejar la Casa de Nariño, el entonces presidente Álvaro Uribe envió al Congreso un polémico proyecto de reforma constitucional en el que se planteaba que fuera facultad del jefe de Estado la escogencia del fiscal general de la Nación. La iniciativa apuntaba a convertir el ante acusador en un órgano del Ejecutivo. Según las mismas palabras de Uribe, este cambio significaría una manera de restablecer los contrapesos, ya que es el fiscal quien define la política criminal del Estado y, por lo tanto, allí está la razón de que forme parte del Ejecutivo y no sea una rama judicial independiente, como hasta ahora.
En ese momento, el proyecto fue asumido como un capítulo más del duro enfrentamiento entre Uribe y el Poder Judicial. Días después, Juan Manuel Santos asumió la primera magistratura del Estado con una postura conciliadora y de colaboración armónica con las cortes, el ministro Germán Vargas Lleras anunció haber recibido la instrucción de retirar la iniciativa. Incluso, la solicitud al Legislativo se dio pocas horas después de que el mismo Vargas Lleras y Cristina Pardo, secretaria jurídica de la Presidencia, radicaran en la Corte Suprema de Justicia la nueva terna para fiscal.
Hoy, con la coyuntura de la nulidad de la elección de Viviane Morales y ante la amenaza de una crisis institucional, la idea de cambiar la elección del fiscal general y que sea el presidente de la República su nominador, vuelve a la primera línea de las propuestas políticas con fuerza inusitada. “Esta inestabilidad a la que nos hemos visto abocados va más allá del debate jurídico y tiene un mensaje político: que el diseño institucional debe revisarse. En Estados Unidos, la Fiscalía forma parte del diseño del Poder Ejecutivo y la ejerce el ministro de Justicia o el procurador, recauda pruebas y acusa, y hace la política judicial. Hay que abrir el debate”, le dijo a El Espectador el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, uno de los miembros de la Unidad Nacional.
De hecho, se trata de una discusión que ya se dio durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Según contó Alfredo Beltrán Sierra, expresidente de la Corte Constitucional, algunos pensaban, efectivamente, que al fiscal lo debería nombrar el presidente, pero dadas las funciones que en Colombia se le dieron a la entidad y el haber asumido funciones que antes les pertenecían a los jueces de instrucción criminal, se optó por evitar la concentración de poder en el jefe de Estado. Aunque Beltrán plantea lo que puede ser otra opción: “Que la Corte Suprema haga la terna y el presidente designe”. Aunque el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda va más allá y habla de que el cargo sea designado por concurso público.
Para la analista Elisabeth Ungar, realizar la modificación que propuso Uribe podría resultar peligroso, dados los casos y los delitos que, por ejemplo, se están investigando en la actualidad: “Lo que hay que garantizar es la autonomía e independencia de la Fiscalía. Es mejor tenerla lejitos y no crear tentaciones en el Ejecutivo”. Y el senador Armando Benedetti, de la U, considera, por su parte, que el nombramiento del fiscal por parte del primer mandatario puede funcionar en otros lados, pero no en Colombia: “El fiscal termina convirtiéndose en un ministro y esa no es la idea”.
Por lo pronto, se trata sólo de una idea que ni siquiera puede ser retomada en el proyecto de reforma a la justicia que cursa en el Congreso, pues nunca se discutió en la primera vuelta. Ayer, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, señaló que no entraría en especulaciones. “No es un tema que hayamos abordado, no hemos pensado en eso”, dijo. Pero lo cierto es que se trata de una idea que sigue dando vuelta.
