Así lo dio a conocer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Augusto Ibáñez: “la Sala Plena decidió buscar un procedimiento apto y acorde con el alto designio del nombramiento, además de ubicar unos puntos, o si se quiere ‘un test de elegibilidad‘, para que antes de entrar a estudiar cada uno de los nombres se puedan ver, dentro de dicho marco, las posibilidades que tiene cada candidato”.
Esta determinación, adoptada por primera vez en la historia desde la creación del cargo de Fiscal General, se concretó, según Ibáñez, para dar mayor seriedad y seguridad a las decisiones que se van a tomar.
De la misma manera se conoció que las inquietudes de varios de los magistrados rondaron sobre la necesidad de que el Fiscal tenga conocimientos en derecho penal, mientras en otros primó la necesidad de que garantice la real independencia de poderes.
Según se pudo establecer, los integrantes de la Corte consideran que un candidato a Fiscal debe tener más requisitos que los exigidos por la Constitución.
Al respecto, el Presidente de la Corte manifestó que “entendemos la gran responsabilidad que le corresponde a la Corte” y aclaró que esa decisión se adoptó por petición expresa de varios magistrados.
Dijo que la elección de un Fiscal General “es un hecho complejo” y añadió que “el Presidente de la República, con derecho propio, presenta una terna, pero la Corte tiene la obligación de adelantar un estudio ponderado y muy fundamentado, para así lograr una fórmula para entrar a los nombres de la terna y poder producir la elección”.
Mientras se elige al nuevo Fiscal, el cargo será asumido en forma interina por el actual vicefiscal Guillermo Mendoza Diago.
¿Pero qué entiende la Corte por “test de elegibilidad”?. Según Ibáñez, el tribunal partirá de lo que debe ser el perfil del nuevo Fiscal. “Todo está en estudio. El perfil es lo que estamos elaborando”, precisó.
La tarea que por los siguientes quince días deberá afrontar cada uno de los 23 magistrados que integran la Corte Suprema es, precisamente, establecer según sus propios criterios, cuál y qué requisitos deben cumplir los aspirantes.
Sólo hasta entonces las hojas de vida de los ternados (Camilo Ospina, Juan Ángel Palacio y Virginia Uribe) serán confrontadas con el marco trazado. “Una vez elaborado el test de elegibilidad, se entraran a estudiar los nombres “.
Frente a las críticas que durante los últimos días han empañado el nombre de Juan Ángel Palacio, Ibáñez manifestó que en la sesión de ayer “no se habló de nombres”.
El paso siguiente es una sesión para dentro de quince días, cuando se espera que cada integrante de la Corte acuda con lo que considera debe ser un Fiscal. Ese día se realizaría la votación, aunque también podría aplazarse.
Grabación compromete a Palacio
Un nuevo escándalo podría afectar la elección como Fiscal del ex magistrado del Consejo de Estado Juan Ángel Palacio Hincapié.
Una conversación revelada por la revista Semana en la que Palacio dialogaba con otro ex magistrado acerca de un proceso que se tramitaba en el alto tribunal y en el que estarían de por medio los intereses de Coltabaco sería la piedra en el zapato del aspirante, por presunto tráfico de influencias.
La grabación se conoce en momentos en que la Corte Suprema de Justicia define el nombre del sucesor de Mario Iguarán, quien termina su periodo el próximo 31 de julio.
Según la revista, la comunicación entre los ex magistrados Palacio Hincapié y Delio Gómez Leyva se habría dado en octubre pasado con el fin de favorecer los intereses de la tabacalera.
Según se afirma, la intención de Gómez Leyva era mover, por intermedio de Palacio, los contactos que éste último tendría en el alto tribunal, pues según se afirma éste habría apadrinado a la magistrada que tendría a su cargo el proceso en discusión.
El proceso, se señala en la conversación, habría estado en manos de la hoy ex magistrada Ligia López Díaz, cuyo proyecto de fallo afectaría a Coltabaco.
A pesar de ello, López Díaz terminó su periodo sin haber concretado la decisión. En seguida el caso pasó a las manos de Martha Teresa Briceño, la nueva magistrada, quien sería la ficha de Palacio en la corporación.
El lobby que Gómez haría frente a Palacio estaría relacionado con la posibilidad de mover sus influencias, para mantener la jurisprudencia en el caso estudiado en el proceso y que a la postre que favorece a la empresa.
