La Comisión de Reforma a la Justicia, formada por un grupo de expertos en la materia, puede dar lineamientos y hacer propuestas viables sobre ambos temas. Lo cierto del caso es que una sociedad como la colombiana, con tantos conflictos y síntomas de confrontación, necesita un aparato judicial ágil y confiable. Un sistema lento y paquidérmico es un caldo de cultivo para la corrupción, pues la demora en los trámites favorece el tráfico de influencias y el soborno de funcionarios. Además, como dicen por ahí, “no hay peor injusticia que la justicia administrada tardíamente”.
Por eso debe ser un propósito de los servidores públicos actuar con celeridad, respetando, claro está, los derechos de las partes, para decidir acerca de las demandas de la sociedad para que se defina a quién corresponde el derecho cuando exista una disputa, una controversia. Actuar con prontitud, en cuanto a determinaciones judiciales se refiere, le da una enorme confianza a los empresarios, a los inversionistas y a los ciudadanos interesados en que se respeten sus derechos y poder avanzar en sus negocios o ampliar su actividad empresarial.
La congestión de procesos hay que superarla con formas alternativas de administración de justicia, como pueden ser la conciliación, la amigable posición, el arbitraje y la ley de pequeñas causas -que debería evitar que se dilaten procesos de mayor magnitud- y la utilización ágil de la oralidad, como se está haciendo en lo penal, aunque con preocupante lentitud. El arbitraje podría democratizarse por medio de las notarías, que ya prestan sus servicios como conciliadores, y deberían rebajarse sus costos, que hoy están por las nubes.
El sistema oral de los procesos judiciales, que ya está aplicándose en el derecho penal y laboral, y próximamente en el administrativo, debería generalizarse a otras ramas como el derecho civil o el comercial. También hay que asignarle mayores recursos al aparato judicial, consolidar el sistema penal acusatorio y fortalecer la figura de los jueces. La correcta administración de justicia es uno de los pilares del Estado de derecho, una de las garantías de bienestar común.
Otro de los soportes fundamentales es el que haya una sola corte que diga la última palabra en materia de interpretación constitucional. De otra manera, tendremos tantas constituciones como cortes existan como tribunales de cierre, y con ello se perdería la seguridad jurídica. Nadie sabría a qué atenerse.
