Esta situación tiene a punto de salir de la cárcel a igual número de personas que durante ese tiempo fueron capturadas por la comisión de delitos de alto impacto, entre ellos homicidio y ‘fleteo’, ya que los términos de sus investigaciones han vencido o están por vencerse. Eso es lo que advierte un informe que prepara la rama judicial de la ciudad y que fue conocido en exclusiva por El País.
“La crisis rebasó las contingencias tomadas, ya no es sólo una cuestión locativa de dónde ubicar a los jueces y fiscales para que impartan justicia, ahora estamos hablando de una crisis de orden público auspiciada por la profunda impunidad que padece Cali”, dice en uno de sus apartes el documento.
Lo más revelador del informe es que por primera vez una autoridad local relaciona los altos índices delincuenciales que se vienen registrando en Cali con la impunidad generada por la parálisis de la rama judicial durante los seis meses y medio que han pasado desde la destrucción del Palacio.
Uno de los apartes que causa mayor alarma es donde se explica que “debido a la falta de trámite de los procesos civiles, que son los que tienen que ver con deudas y finalización de contratos, se fomenta la creación de oficinas de cobro y aumento del sicariato. Entre los delincuentes locales existe una percepción de que la justicia está relajada”.
Estado de emergencia
Consultado sobre el tema, Élmer Montaña, director regional de la Comisión de Reparación y Reconciliación de Víctimas, afirmó que, “esta carencia deja sin ninguna posibilidad de recibir justicia a las víctimas del conflicto en relación con sus investigaciones por desapariciones forzada, desplazamiento y crímenes de lesa humanidad”.
Para darse cuenta de la magnitud de esta crisis basta decir que el sistema penal en Cali sólo atiende lo que llega en flagrancia, todo lo demás está paralizado” El personal de la Rama Judicial no alcanza para atender la demanda y mucho menos desde el bombazo, que nos aumentó en un 80% el atraso” Carlina Varela, Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura
Montaña, quien durante varios años fue fiscal en Aguablanca, señala que “la justicia es el elemento fundamental para garantizar la no repetición de la violencia. Por eso lo más grave acá es que la impunidad nos va a generar un reciclaje de las violencias, el principal de todos es que los ciudadanos decidan impartir justicia por su propia mano o traten de arreglar sus problemas acudiendo a la justicia privada”.
“Desde la Comisión hacemos un llamado a las autoridades y en especial al Consejo Superior de la Judicatura, para que se declare la emergencia judicial en Cali. Esto permitiría la creación de al menos 80 despachos con jueces del circuito con plena competencia para que puedan conocer todos los asuntos represados”, dice Montaña.
El ex fiscal y ahora representante de las víctimas del conflicto armado, advierte que, “cuando más se necesita la aplicación de justicia en el país, la hemos dejado sola. Si en un futuro los caleños asistimos a una salida masiva de presos, el dedo acusador señalará sin duda a los jueces y fiscales, por eso debemos apoyar a la rama judicial por encima de los discursos y los homenajes frívolos”.
¿Y de la plata qué?
Alejandro Arenas, miembro de la Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali, explica que la grave situación se debe al incumplimiento de todos los anuncios hechos por representantes del Gobierno Nacional, de los ministerios del Interior y Justicia, del Fiscal General, del Consejo Superior de la Judicatura, la bancada parlamentaria del Valle y otras autoridades locales, como la Alcaldía y la Gobernación.
“La verdad es que el Palacio se está reconstruyendo con recursos propios de la rama judicial caleña que este año invertirá $9.000 millones y tiene una partida similar para el 2010. Pero esos recursos no alcanzarán para recuperar todo el edificio y su ausencia afecta la celeridad de los trabajos. Hasta ahora no se ha visto un peso de los recursos ofrecidos por los representantes del Gobierno Nacional”, explica el abogado.
“Nadie ha dimensionado la crisis por la que atraviesa la justicia de Cali, el Estado con su desidia está obligando a los caleños, y no sólo a los abogados, a salir a la calle y reclamar este derecho fundamental para el sano desarrollo de cualquier sociedad democrática”, concluye Arenas.
No es un mal menor
Otro tema que el documento trata y por el que reclama mayor atención, es la situación de los menores infractores y el aumento en los índices de su participación en delitos de alto impacto.
“Si bien la Alcaldía ha registrado que en buena parte de los homicidios cometidos en las ciudad hay menores vinculados como victimarios, nuestros jueces y magistrados alertan que, además, estos muchachos son reincidentes”, dice el informe.
Esta situación se estaría presentando porque, según el documento, el centro de reclusión Valle del Lili es un lugar de puertas abiertas, ya que se han presentando más de 1.200 fugas en este tiempo.
“No hay suficiente cupos y las medidas de seguridad requieren más de $4.000 millones en inversión por parte del Icbf, la Alcaldía y la Gobernación, recursos que aún no están listos.”
Medidas urgente
Según explicó Carlina Varela, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, esta entidad ha enviado tres proyectos para aliviar y superar la crisis puntual de la justicia en Cali debida a la destrucción del Palacio por una explosión hace seis meses, pero todas estas iniciativas han sido rechazadas por el Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá.
El País / 16 de abril de 2009
