Una justicia eficiente exigen los colombianos, pero este no es el objetivo de la reforma.
Con la advertencia de que se están dando las “primeras pinceledas” para privatizar la justicia y sobre la inconveniencia de que un presidente o gobierno escoja a los funcionarios que le harán control disciplinario, penal o fiscal, el poder judicial costeño rechazó la reforma que sigue su trámite en el Congreso.
“Desde el punto de vista estructural, no se ve en el proyecto de reforma a la justicia, un avance de fondo para acabar con la congestión judicial, la cual siempre se ha tratando con planes parciales que no han dado una solución definitiva”, advirtió el presidente del Tribunal Administrativo de Bolívar, magistrado Luis Miguel Villalobos.
A juicio del magistrado Daniel García Benítez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura – seccional Atlántico, pretender descongestionar la justicia pasándole funciones a notarios, otros instituciones o a abogados es un despropósito.
“Para descongestionar la Justicia no se necesita una reforma, lo que se requieren son recursos para mejorar la parte logística, de infraestructura y, sobre todo, de personal”.
Como ejemplo, dijo que en Barranquilla hay más de 20 mil procesos ejecutivos inactivos y para saber si se le decreta la perención o el desistimiento tácito que establece la ley, se necesita que un sustanciador judicial contacte a la persona interesada para ver qué se hará con el caso. “Ese funcionario es el que no tienen hoy los juzgados y de eso nada se dice”, indicó García.
Sostuvo que en el país se están haciendo “reformas o se están dictando leyes sin chequera para ponerlas a operar”. Sustentó su argumento con la falta de recursos que hoy existe para que funcione la oralidad en la justicia Contenciosa Administrativa, que a nivel seccional debe entrar a operar dentro de poco.
“De manera —precisó— que todas esas iniciativas pueden, como muchas cosas, quedar en el papel, es decir sin que haya un beneficio para las personas que necesitan acceder a la pronta y debida justicia como ordena la Constitución”.
AÚN MÁS DÉBIL. El magistrado Alberto Rodríguez Akle, presidente del Tribunal Superior de Santa Marta, dijo que la preocupación que les embarga tiene que ver con el debilitamiento de la Rama Judicial, y cuestionó el que se quiera entregar funciones a particulares u otros funcionarios so pretexto de la descongestión.
El coordinador del Sistema Penal Oral Acusatorio de Barranquilla, el juez municipal Samuel Bocanegra, preguntó por qué los Gobiernos Nacionales no han evaluado las fallas de las anteriores reformas para “abordar un proceso serio que lleve a ofrecerles a los colombianos un servicio mejor y expedito”.
“Esto —agregó— es lo que quiere la mayoría de nuestro compatriotas y aún así la iniciativa legislativa no apunta en esa dirección”.
Al advertir que lamentablemente “la maquinaria del gobierno está bien aceitada” para que todo sea aprobado, el presidente seccional de Asonal Judicial, Nelson Cantillo, definió, en términos duros, como “un adefesio” la iniciativa.
“Todo —dijo— es un maquillaje. Estas son las primeras pinceladas para la privatización. Aquí no van a resolver los problemas estructurales de la justicia para que haya un mejor servicio. Eso es lo de menos para el gobierno (de Juan Manuel) Santos”.
Juzgó la propuesta como un “acto de venganza de sectores políticos y económicos por haberlos tocado y llegar a sus feudos a impartir justicia”.
García Benítez concluyó que los reclamos planteados no son una simple lucha de poder de las Altas Cortes ni un ‘sangrar por la herida’, como lo han querido mostrar el Gobierno y algunos partidos políticos. “Lo que pasa es que en una democracia no está bien que el gobernarte de turno nombre —Procurador, Fiscal y Contralor— a quienes disciplinan o vigilan fiscal y penalmente su administración. Esto sería el apaga y vámonos”.
PELIGRA NOCIÓN DE JUSTICIA
De lesiva volvió a calificar ayer el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez Aranguren, la propuesta de reforma que comenzó su conteo regresivo en el Congreso. A su juicio, el país está a punto de perder la noción de justicia, que es una norma de carácter internacional que busca brindarles a los ciudadanos el derecho a tener jueces independientes. “El proyecto es lesivo porque el valor supremo de la justicia, que es un valor que representamos quienes transitoriamente desempeñamos un papel o un cargo en la judicatura, se ve afectado”, argumentó. Cuestionó que con el pretexto de descongestionar la justicia se le entreguen funciones a personas e instituciones que no tienen vocación para ser jueces, y llamó la atención sobre el sistema de elegir en el futuro al contralor, procuradores y fiscal.
