Además, según Diego López Medina, doctor en Derecho de la Universidad de Harvard y actual profesor de la Universidad de los Andes, existe una gran indisciplina por parte de los jueces y los abogados para llevar a cabo las audiencias. Tanto así que hoy –según datos del Consejo Superior de la Judicatura– 50% de las audiencias en Colombia no se realiza.
Así pues, el panorama que se vislumbra no es el más halagüeño. Y más aún si se tiene en cuenta que en teoría económica está comprobado que los niveles de inversión de un país están directamente relacionados con su capacidad judicial. Un planteamiento que en su momento describió el premio Nobel de economía Douglass North, de manera concisa: “la inversión y el ahorro social se ven reflejados en la capacidad de una sociedad de proteger la propiedad y el contrato”.
En ese orden de ideas, mientras los empresarios extranjeros y nacionales no tengan un sistema judicial sólido que los respalde en el corto plazo, las consecuencias empezarán a verse, sobre todo, en los alentadores índices de crecimiento inversionista que viene mostrando el país.
