Cinco expertos en la materia dan su punto de vista desde el otro lado, con lo que no se incluyó en la polémica iniciativa.
Dicen que el acto legislativo, a aprobarse esta semana en el Congreso, es más una reforma política por la inclusión de temas que no tienen nada que ver con la descongestión de los despachos y que dejó por fuera al ciudadano de a pie.
“La rebelión de los aforados”
Para Armando Novoa, exconstituyente y director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, a la reforma a la justicia le faltó pensar en los ciudadanos del común y corriente que, en últimas, no van a ver solucionados sus problemas en cuanto a tener una justicia rápida, cumplida y de calidad: “He definido este proyecto como la rebelión de los aforados contra la Constitución de 1991. Todos sacaron ventaja. Aquí les faltó un sentido ético a los que diseñaron la reforma, que se hizo pensando en beneficios particulares”, manifestó.
Según explicó, un claro ejemplo de la intención de obstaculizar la investigación de los congresistas se ve en la creación de 14 nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, cada uno con salario de más de $20 millones, carro blindado, secretaria y auxiliares, quitándole competencia a la Sala de Casación Penal.
Novoa reveló que —una vez aprobada la reforma— demandará la reforma ante la Corte Constitucional, junto con otro grupo de constituyentes integrantes de la Comisión Ciudadana por la Justicia, por vicios de procedimiento en cuanto a la violación al principio de consecutividad y al principio de representación democrática, en cuanto a la no declaratoria de conflicto de intereses por parte de los legisladores investigados o con procesos por pérdida de investidura, así un acto legislativo lo avale. “Según el artículo 133 de la Constitución, tenían que votar guiados por el bien común, lo cual nunca sucedió”, concluyó.
“Desilusionante y vergonzosa”
Carlos Gaviria Díaz, exmagistrado de la Corte Constitucional, advirtió que lo que ha debido ser objeto de reforma, que es el acceso real de los ciudadanos a la justicia, no se tocó en el proyecto.
“Le faltó todo y le sobró todo. Se dedicaron a tocar temas que benefician sólo a los congresistas y a los magistrados de las altas cortes. Es desilusionante y vergonzosa esta reforma a la justicia que, por cierto, ha sido impulsada por el mismo Gobierno, a quien le cabe un juicio de responsabilidades”, enfatizó.
“Sin órgano de cierre en tutelas”
Humberto de la Calle, exmagistrado, exministro y exvicepresidente, considera que a la reforma le faltó resolver el choque de trenes respecto de la tutela: “Hubo acercamientos y alcanzó a circular un borrador bastante aceptable. Colombia no puede darse el lujo de dejar sin resolver cuál es el órgano de cierre en materia constitucional. No puede ser otro que la Corte Constitucional”, señaló. En efecto, el proyecto planteaba inicialmente racionalizar el uso de ese instrumento legal y preservar la especialidad y señalaba que las tutelas contra las altas cortes se tramitarían ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, y esa sentencia de tutela podría ser revisada por la Sala Plena de la Corte Constitucional. Al final no hubo acuerdo entre las altas cortes y se decidió excluir el tema.
“El acceso a la justicia quedó por fuera”
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, cree que la reforma se fue por el lado de regular competencias entre Gobierno y Corte, lo cual, por supuesto, es importante, pero el fin central de la justicia, a saber: que la gente tenga un adecuado reconocimiento de sus derechos, quedó muy mal.
“Veo una disputa de poder entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, que había que tratar, pero que predominó por encima del tema de asegurar la organización de derechos de las personas. Y el acceso de la población y las víctimas en general a la justicia quedó por fuera”, agregó.
“Ni descongestión ni prontitud”
Horacio Serpa, exministro del Interior y exconstituyente, manifestó que pese a las buenas intenciones con que fue concebida la reforma, “faltan una serie de determinaciones para conseguir que se solucione la congestión, que es uno de los principales males del sistema, junto con el de la mora, algo sobre lo que también echo de menos algunos elementos”. En su concepto, la iniciativa que seguramente será aprobada esta semana en el Capitolio no es más que una serie de modificaciones a la Constitución, “no propiamente para aumentar la autonomía y la independencia de la justicia ni para resolver los problemas de la Rama, sino para resolver específicamente problemas que tienen que ver con el Congreso de la República”.
