Si la Corte Suprema no elige Fiscal esta semana, usted será encargado al menos otro mes más. ¿Qué tanto afecta la interinidad a la Fiscalía?
La interinidad de suyo no significa una dificultad para sacar adelante los procesos, aunque tenemos que reconocer que cuando no se pueden diseñar programas a largo plazo hay que estar corriendo, el cansancio es mayor y hay más posibilidades de errores, de fracasos o fallas. Pero la eficacia de la Fiscalía no depende del Fiscal General sino de la aplicación de las leyes.
¿En qué áreas se ha notado su mano en estos meses?
Nosotros tenemos un compromiso con el país que va más allá de la gran noticia. Hay que responderle al país por tanto episodio de corrupción administrativa y responderle a la ciudadanía por sus conflictos diarios. Hemos enfatizado en la corrupción administrativa porque los desfalcos al Estado son multimillonarios: nada más en tres municipios hemos detectado 34 mil millones en un robo con regalías. Si no frenamos eso, en 10 años este país no va a ser viable, porque no va a tener para pagar las consecuencias de la corrupción.
Le han criticado la salida de algunos funcionarios y varios nombramientos, siendo usted encargado…
La mayor dificultad que he tenido es que me tocó aplicar la carrera administrativa y por eso me ha tocado salir de funcionarios que tenían mucha experiencia, pero que no concursaron o no pasaron el concurso de méritos. Eso no depende de la interinidad.
¿Qué sentido tiene nombrar gente que el Fiscal que llegue en propiedad seguramente terminará cambiando?
Si lo hace, estaría violando la ley. Estamos nombrando funcionarios con base en la lista de elegibles de un concurso de méritos legal.
¿Hay un ‘poder costeño’ en la Fiscalía? Se dice, por ejemplo, que algunos de los nombrados son cercanos al senador Javier Cáceres o a magistrados de la Corte…
En primer término, no es cierto que la Corte esté haciendo recomendaciones. Repito, los funcionarios que se nombran están en una lista de elegibles en la que la Corte no tuvo injerencia. Otros cargos de libre nombramiento y que he tenido que proveer han sido llenados con funcionarios de carrera. Radicalmente lo digo, nunca un magistrado me ha pedido un puesto.Yo mismo soy un funcionario de carrera y valoro la experiencia judicial. Ninguno de los nombramientos ha sido de gente improvisada. Todos los nombrados tienen experiencia y son idóneos. Ustedes hablan del ‘poder costeño. ¿Será el costeño nada más? El poder de Antioquia se siente en todas partes, desde el señor presidente de la República hasta cantidades de ministros y funcionarios. Esas son las leyendas que se inventan.
¿Pero no ha sentido presión de sectores políticos interesados en la nómina?
Sí he tenido que lidiar con eso, pero no precisamente de los grupos políticos, sino de todo el mundo, de los que escuchan que la Fiscalía tiene 22 mil funcionarios.
¿El hecho de no tener fiscal en propiedad se ha sentido en la cooperación internacional?
Nosotros no hemos sentido disminución de colaboración del Reino Unido, ni de Estados Unidos, ni de la Unión Europea. Todo lo contrario. Están fortaleciéndola, vamos a firmar convenios nuevos. En general, si usted me pregunta le puedo decir que no hemos parado en nada y por el contrario hemos tenido que usar la imaginación día a día para enfrentar los nuevos retos.
¿Qué tanto se necesita ser un excelente administrador para ser buen Fiscal General, como lo dice el Gobierno?
Yo diría que el Fiscal debe tener una sólida formación jurídica que le permita adquirir los conocimientos nuevos que la labor le va a exigir, pero si ya los trae, mejor. Las dotes de administrador sí son necesarias, toca no solo administrar recursos sino gerenciar la actividad judicial.
‘Repenalizar no es buen paso’: João Goulão, coordinador de la Política antidrogas de Portugal
Según el funcionario, ese país logró bajar descensos importantes en el consumo y posesión de drogas gracias a una estrategia integral.
De ser el país con los peores índices de consumo en Europa, Portugal pasó a tener los mejores y en menos de una década. En parte, el éxito se atribuye a su decisión en el 2001 de descriminalizar el uso de todas las drogas mientras hacía énfasis en prevención y tratamiento.
Hoy la mayoría de países del Viejo Continente, y hasta E.U., miran con lupa la experiencia portuguesa y han comenzado a implementar algunos de sus componentes. A la cabeza de este esfuerzo ha estado João Goulão, coordinador nacional de la Política antidrogas de Portugal y director del Instituto para las Drogas y la Drogadicción, órgano que depende del ministerio de la salud en esté país.
EL TIEMPO conversó con él, a propósito del debate sobre penalización de la dosis mínima de droga, durante una visita a Washington, donde participó en un foro internacional sobre política antidrogas que organizó la organización Wola.
¿A qué atribuye que hoy se reconozca a Portugal como un modelo en la lucha contra el consumo?
Eso pasó por que tenemos una aproximación balanceada frente al problema. Nunca nos hemos rendido en el campo de la reducción de la demanda (interdicción, decomisos, etc.). Pero la mayoría de los recursos van a tratamiento, prevención, reducción del daño, y rehabilitación. Esta estrategia, que ya veníamos implementando, cobró coherencia cuando descriminalizamos el consumo y la posesión en el 2001.
Pero es a partir de esa descriminalización que comenzaron a registrarse los descensos. Hasta esa fecha, de hecho Portugal, tenía los peores niveles de adicción de Europa. ¿Qué tanto o por qué pesó ese elemento?
Fue muy importante. Pero por si solo no es la solución. Destacaría que fue la inversión en todas las otras áreas. Fue una actitud proactiva frente al problema.
¿Cómo funciona el sistema ?
En lugar de ir a la corte, las personas van a una Comisión que es donde se determina si la persona es una adicta o un consumidor ocasional. Si es adicto es referido a tratamiento y se le dan opciones. Trabajamos con él para determinar qué es lo mejor. Si es un consumidor recreativo puede haber una sanción monetaria o algún trabajo comunitario, o se le puede prohibir que vaya a una discoteca, por ejemplo.
¿Pero qué tanta prioridad le dan las autoridades policiales a controlar el consumo?
Para nada. Lo que perseguimos de manera agresiva es el tráfico. El consumidor no es un blanco.
¿Cómo es eso?
La policía no está tras ellos. No sucede que entren a bares buscando a consumidores. Quizá en un gran concierto o algo así, cuando ven a una persona con signos de estar intoxicada, entonces sí, pues es candidata para tratamiento. En términos policiales el énfasis está en el tráfico.
El Congreso colombiano acaba de reformar la Constitución para prohibir la posesión de la llamada dosis personal. ¿Qué piensa?
No creo que ‘recriminalizar’ sea un buen paso. La mayoría de los países ha caminado por este sendero y las figuras de consumo nunca han dejado de crecer. No tiene sentido ensayar de nuevo algo que ya falló. Pero, como le digo, la des criminalización por si solo no conduce a nada. Tiene que estar acompañada por programas que ofrezcan tratamiento, clínicas para rehabilitación, intervención en colegios y campañas preventivas.
