Debate por abuso de tutela. Fallo de esta semana revivió polémica sobre medidas cautelares de CIDH.
En menos de un año, el sistema de reparto electrónico diseñado para garantizar que las demandas judiciales sean asignadas aleatoriamente puso en manos de la misma sala del Tribunal Superior de Bogotá, entre decenas de posibilidades, dos tutelas que terminaron con fallos en favor del alcalde Gustavo Petro.
En marzo del 2013, los magistrados de la Sala de Restitución de Tierras Óscar H. Ramírez y Jorge Hernán Vargas Rincón, con oposición de su colega Jorge Eliécer Moya, concedieron la tutela con la que Diego Bravo, exgerente del Acueducto de Bogotá, logró evitar que varios correos hallados por la Superintendencia de Industria y Comercio en una inspección a esa entidad fueran usados en la investigación por el cambio de modelo de aseo en la capital.
Y esta semana, esos dos mismos magistrados derrotaron la ponencia en la que Moya negaba una tutela que buscaba obligar al Presidente de la República a cumplir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana en favor del Alcalde y restituirlo en el cargo. Esa decisión es la que tiene de nuevo al destituido mandatario en funciones y, de paso, revivió la polémica sobre el abuso de la figura de la tutela y la inseguridad jurídica en el país.
Con la primera ‘tutelatón’, Petro logró dilatar por 66 días su salida del cargo, tras la ratificación de la destitución en su contra en enero. Ahora, en el segundo tiempo de la cascada de tutelas, podría completar al menos un mes más antes de que la Corte Suprema revise la decisión de la Sala de Tierras. Y todavía hay pendientes 14 tutelas, ante diferentes despachos, que tienen el mismo objetivo: que el Gobierno acepte la imposición de la CIDH.
La estrategia devolvió el tortuoso proceso de la destitución a un escenario que parecía superado: el debate sobre la obligatoriedad de las recomendaciones de la Comisión. Y además queda por resolverse el tema de las medidas cautelares pedidas por Petro en la demanda ante el Consejo de Estado contra su destitución y la revisión de la Corte Constitucional sobre la primera ‘tutelatón’.
Limbo jurídico
Sobre un mismo asunto –la destitución de Petro– ha habido decisiones contradictorias de la Judicatura en Bogotá, el Tribunal Superior de Cundinamarca, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y, ahora, el Tribunal Superior de Bogotá. Y, en las próximas semanas, la palabra la tendrá la Sala Civil de la Corte.
El galimatías jurídico se va extendiendo por casi medio año y si por cualquier razón Petro sigue en el cargo el próximo 30 de junio, aunque su destitución se confirme después ya habrá ganado una batalla clave. Como faltarán menos de 18 meses para el fin de su mandato, por ley no habrá elecciones sino que se nombrará reemplazo de una terna propuesta por su partido.
La interinidad jurídica tiene también en el limbo la votación de la revocatoria de su mandato, que ha muerto y revivido al vaivén de las salidas y entradas de Petro al Palacio Liévano.
Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, señala que este caso, como ningún otro, ha puesto de presente la inseguridad jurídica que hay en el país por cuenta del mal uso de la acción de tutela. “La tutela se convirtió en una tercera instancia”, dice.
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