Según los expertos, hay aprehensión en algunos congresistas ante la posibilidad de terminar investigados penalmente, teniendo en cuenta el antecedente de la ‘Yidispolítica’. Se refieren a las sentencias contra Yidis Medina y Teodolindo Avendaño por cohecho, en las que la Corte Suprema por primera vez investigó y castigó una práctica usual en la política colombiana: la injerencia del Ejecutivo en las decisiones del Congreso mediante la entrega de burocracia.
El Procurador ha defendido la transparencia de sus nombramientos en los últimos cuatro años. Sin embargo, Sintraproan, uno de los dos sindicatos de la Procuraduría, le acaba de pedir explicaciones de por qué no ha tenido en cuenta en vacantes claves a funcionarios de carrera, “sino a quienes cuentan con recomendación política o de magistrados de las altas cortes”.
El presidente del Congreso, Roy Barreras, que es mencionado por Sintraproan, cuya esposa es procuradora judicial en Cali, asegura que en su caso los señalamientos del sindicato son infundados. “Me casé el 25 de febrero de este año y a mi esposa la nombraron en la Procuraduría en marzo del 2009, cuando yo no era senador. Es claro, entonces, que no incidí ni en la elección del Procurador ni en el nombramiento”, dijo.
Sobre versiones que lo relacionan con un nombramiento en la Procuraduría, el senador Jorge Eduardo Londoño, del Partido Verde, da una respuesta tajante: “Por el contrario, debo ser el único senador que no tiene ni un recomendado en la Procuraduría”.
El senador conservador Juan Manuel Corzo también negó supuestos vínculos con dos procuradores de su departamento, Norte de Santander.
“Las personas que están en esos cargos son reconocidas, tienen honestidad y reputación. Nunca han militado conmigo. Conozco a todos los procuradores de mi departamento, pero entiendo que también el Procurador General ha puesto gente por razones de amistad y cercanías”, afirmó.
Por su parte, un reconocido senador uribista le dijo a EL TIEMPO que si bien “nunca” ha recomendado a nadie, no descarta que “algunos amigos” hubieran mencionado su nombre como referencia en la Procuraduría.
Por su parte, el exprocurador Jaime Bernal aseguró que los congresistas deben considerar la figura del impedimento. “Si bien no existe una norma que así lo disponga expresamente, por principio ético y por ser el Ministerio Público un organismo de control deberían hacerlo”, señaló.
En otros casos, el impedimento podría surgir de las investigaciones que realiza la Procuraduría contra varios de ellos. El senador liberal Luis Fernando Velasco aseguró que “todos los congresistas tienen investigaciones” en la Procuraduría, lo que los obligaría a tener que “declararse impedidos” durante ese proceso en el Congreso.
Así está el ambiente de la reelección
A dos semanas de que se defina la terna, ninguno de los nominadores ha hecho pública su decisión de jugársela por él nombre de Alejandro Ordóñez. El Procurador tiene problemas en la Corte Suprema, porque de los 21 magistrados de ese tribunal solo hay 17 en ejercicio. Y de estos, 4 se tendrán que declarar impedidos porque familiares suyos trabajan en el Ministerio Público.
Además, tanto en la Corte como en el Consejo de Estado, a Ordóñez le tocaría presentarse a competir como los demás mortales, pues ambos tribunales van a hacer una convocatoria pública para elegir su candidato. El presidente Juan Manuel Santos no se ha querido comprometer con su apoyo. Sin embargo, el conservatismo ya fue claro y le pidió al mandatario que terne a Ordóñez para que legitime su aspiración a reelegirse. El jefe azul, Efraín Cepeda, aseguró que “sería satisfactorio para el partido que el Presidente decidiera ternarlo”. Las otras fuerzas del Capitolio aún no han definido un apoyo a Ordóñez, pero reconocen su trabajo al frente del Ministerio Público.
