La dimensión internacional de una reforma del sistema de justicia no puede ignorar, por ejemplo, que en la Unión Europea de los 27, el debate actual gira alrededor de temas como la protección de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia, la protección de los derechos de los niños y la lucha contra el abuso infantil, los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica como factor de desarrollo del mercado y la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Se podría aducir que esa es la agenda de un continente desarrollado política y económicamente, pero ello pasaría por alto el desafío que constituye para una docena de antiguos Estados totalitarios de la Europa del Este, ahora el alma de la nueva Europa. De paso, son temas cuya actualidad en Colombia es incuestionable.
Hoy se reconoce que la reforma del sistema de justicia es bifronte. Es reforma política y reforma social al mismo tiempo. Ello sirve para entender que no se puede desconocer su dimensión política y que la debilidad de las instituciones políticas va a repercutir en las instituciones judiciales. De otra parte, es evidente que las prioridades hoy en el campo de la transformación del sistema de justicia a nivel mundial apuntan más al fortalecimiento institucional para mejorar el acceso a la justicia y la prestación eficaz de ese servicio público a los ciudadanos. Y esto último es la cara social de la reforma.
Esta oportunidad debería aprovecharse para hacerle un examen completo a todo el sistema de justicia, que incluye la responsabilidad del Ejecutivo y de otros órganos a la hora de garantizar el acceso a la justicia, fundamental para combatir la exclusión y la desigualdad, que es la falla geológica de los sistemas políticos en América Latina. Para no hablar de otros temas, manejados como reformas al detal, al margen de una perspectiva de política integral de justicia y al calor de la urgencia de soluciones transitorias.
Pero la gran reforma pendiente no requiere cambio constitucional. Es la transformación del recurso humano involucrado en la administración de justicia. Allí hay una gran labor para realizar por parte de las facultades de derecho, los colegios de abogados y los jueces. Y el problema no está en el sistema de selección de jueces y magistrados sino en el proceso mismo.
Por ello, a propósito de la elección inminente de nuevos magistrados de la Corte Constitucional, debe perfeccionarse la idea oportuna de una veeduría, como lo ha planteado la Corporación para la Excelencia de la Justicia, pero que llegue a convertirse en un escrutinio efectivo de la solvencia jurídica, la idoneidad profesional, la independencia de criterio y la firmeza en la defensa de los valores constitucionales por parte de quienes aspiren a ser parte de las ternas. Lo que está en medio es la continuidad de unas conquistas sociales de la Corte que sirven como modelo a seguir para varias jurisdicciones constitucionales en distintos continentes.
Tampoco es éste un debate local. El diario El País de Madrid reclamaba hace pocos días para España ese tipo de criterios para la selección de los aspirantes al Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. No sería mucho pedir a los involucrados en el proceso que dejen atrás prácticas arraigadas en el reparto de cuotas políticas, como se ha visto en el Consejo Superior de la Judicatura. Ése podría ser un buen punto de partida de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y sería más útil para la justicia del futuro que consumir al Congreso en la discusión de una reforma cuya fase de construcción de consensos está en veremos.
El Espectador / 09 de septiembre de 2008
