La oposición considera que el Gobierno, a través de su bancada en el Congreso, modificó aspectos sustanciales de la iniciativa durante el tercer debate de la misma en la Comisión I de la Cámara, en noviembre pasado.
Las divisiones giran en torno a varios puntos. El primero tiene que ver con el universo de víctimas, es decir, quiénes serían reconocidos como tales y a qué tipo de reparación tendrían derecho.
Para el congresista liberal Guillermo Rivera, la iniciativa, en los términos que la plantean los ponentes uribistas, entre los que se encuentran Fernando de la Peña, Jorge Mantilla, Nicolás Uribe y William Vélez, “desconoce” a las víctimas de agentes del Estado.
Señala Rivera que a las víctimas de grupos armados ilegales se les brinda la posibilidad de solicitar reparación por vía administrativa o por vía judicial, mientras que a las de agentes estatales solo se les permite la segunda.
“Resoluciones de Naciones Unidas dicen que para reconocer a victimas solo se necesita constatar la violación de sus derechos, independientemente de si su victimario ha sido identificado o judicializado. El Gobierno no solo pide identificación sino judicialización”, dijo Rivera, también critico de que los montos de reparación se pudieran limitar a los 40 salarios mínimos (cerca de 19 millones de pesos).
Para Miguel Ceballos, viceministro de Justicia, los agentes estatales “deben ser vencidos en juicio” para derivar del fallo judicial no solo reparación administrativa para la víctima, sino la posibilidad de que el juez, en virtud de los perjuicios sufridos por la víctima, pueda fijar montos de reparación superiores a los 40 salarios mínimos.
“El universo de víctimas está intacto porque se están reconociendo a víctimas tanto de grupos armados ilegales como de agentes de Estado”, puntualizó Ceballos.
Las críticas de Rivera van más allá. En opinión del congresista, de aprobarse, la ley no sería del todo favorable para las víctimas, pues, a su juicio, como está el proyecto en la actualidad, el Estado repararía “por solidaridad”, algo que “desconoce sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece el deber de garantía por parte de los estados”.
El congresista liberal también aseguró que en varios de sus apartes, la ley equipara la política social y la ayuda humanitaria con la reparación de las víctimas.
Ceballos desestimó las críticas. “Quien tiene la responsabilidad de reparar en primera instancia es el victimario”, sostuvo. Y agregó que se busca la “satisfacción, rehabilitación y no repetición, pero dentro de algo que los estándares internacionales también establecen, que es la viabilidad fiscal”.
Sobre la mesa también queda la decisión en torno a cómo quedará reglamentado el tema de la restitución de bienes, que tendría un importante impacto fiscal.
La sentencia T-085 de 2009 de la Corte Constitucional señala que la restitución implica regresar a las víctimas “a la situación en que se encontraban antes de la transgresión de sus derechos”, lo que obligaría al Estado a restituir no solo tierras, como está establecido en el texto actual de proyecto, sino también bienes muebles. Queda, de igual forma, pendiente la decisión sobre el ámbito de aplicación de la ley.
El Gobierno ha propuesto que esta cobije, hacia atrás, a todas las víctimas, sin límite en el tiempo.
Cubriría también a las nuevas víctimas que se presenten los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la ley. Ese plazo, propone el Gobierno, sería prorrogable por el Congreso.
La discusión está desde ya abierta, y las posiciones parecen más firmes que nunca. “Como no se aprobará una ley que deje satisfecha a la oposición, seguramente se dirá que el Gobierno no le está cumpliendo a las víctimas”, dijo el viceministro Ceballos.
El congresista Rivera, entretanto, dejó “constancia” de “la actitud terca del Gobierno y de sus mayorías para sacar adelante esta ley, no obstante nuestras advertencias y las de la comunidad internacional sobre que el texto que se pretende imponer no representa a las víctimas y está muy por debajo de los estándares internacionales”.
El Tiempo / 01 de junio de 2009
