AL HABERSE iniciado la revisión y debate al interior de la Sala Plena de la Corte Constitucional sobre los decretos del estado de conmoción interior, se espera que hoy salga una decisión final.
La alta Corte tiene que dictaminar si los decretos expedidos en el estado de excepción por el Gobierno nacional se ajustan o no a la Constitución.
La Procuraduría ya había emitido un concepto en el que considera que no están ajustados a la ley los dos decretos de la conmoción interior que le concedieron facultades al Consejo Superior para conjurar las consecuencias del paro judicial.
En el concepto emitido ante la Corte Constitucional, el órgano de control encontró que los decretos incurren en violaciones a la Constitución ya que se establecen normas innecesarias y otras ya reglamentadas en leyes vigentes.
El Ministerio Público conceptuó que el hecho de crear, suprimir y trasladar cargos en la administración judicial “no es estrictamente necesario para contrarrestar el estado de conmoción interior decretado, y porque su redacción resulta confusa a la luz del sistema penal acusatorio”.
Para la Procuraduría, el Consejo Superior puede establecer turnos, jornadas y horarios adicionales de atención al público pero creando una compensación económica, ya que no se pueden vulnerar los derechos humanos de los trabajadores al amparo del estado de excepción.
Fue el 9 de enero cuando el Gobierno le puso fin al estado de conmoción interior, después de tres meses de decretado para contrarrestar los problemas de congestión que había dejado el paro de los trabajadores de la rama judicial que duró más de 40 días y que buscaba, entre otras cosas, una nivelación salarial.
Este estado fue decretado por el Gobierno para que pudiera tomar todas las medidas necesarias para contrarrestar los efectos de un paro que dejó finalmente más de 100 mil procesos judiciales sin fallar y al menos 2.700 presuntos delincuentes libres por vencimiento de términos.
Bajo el argumento que los decretos le dieron facultades extraordinarias a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para remover o nombrar los jueces que creyera necesarios para ayudar a descongestionar la justicia, el Ministerio del Interior y de Justicia defendió las medidas que fueron a parar hasta el Congreso en un proyecto que el Gobierno radicó dentro de la reforma judicial.
De hecho, los acuerdos del Consejo de la Judicatura fueron proferidos hasta el 31 de diciembre, cuando se nombraron jueces de ejecución de penas en varias partes del país.
El Nuevo Siglo / 11 de febrero de 2009
