Lo paradójico es que ese delito menor trae implícito el derramamiento continuo y progresivo de sangre por las calles de nuestras comunas, pues quienes cargan esas armas, para algo las llevan. Así lo ha expresado en varias oportunidades el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Luis Eduardo Martínez, pero un cambio en el sistema penal no se da con una solicitud policial.
Esa realidad da escalofríos entre los habitantes de la ciudad cada mes, cuando la Dirección Regional de Medicina Legal entrega la cifra oficial de homicidios, que para los tres primeros meses de 2010 asciende a 522 casos, registrados hasta el 31 de marzo, lo que representa un aumento del 55% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Ya son tres generaciones de medellinenses quienes escuchan hablar de muertes y narcotráfico todos los días, que pueden contar entre su círculo familiar o de amigos por lo menos a una persona que ha perecido por muerte violenta.
El secretario de Gobierno de Medellín Juan Felipe Palau, señaló que esa realidad no deja de ser alarmante: “las situaciones de violencia preocupan no solo a la ciudadanía, sino a todas las instituciones. Lo importante es que la Policía con sus puestos de control, la Fiscalía y la Policía Judicial con su investigación”, hagan cumplir lo dispuesto por la ley.
Lo cierto es que la Policía aún tiene un trabajo pedagógico importante que hacer en sus filas, pues como lo señaló Marta Penagos, directora seccional de Fiscalías, en ocasiones los miembros de la fuerza pública no realizan los procesos respetando los derechos y procedimientos que indica la ley y eso imposibilita las labores de judicialización.
Al respecto de los homicidios la ciudadanía ha estado en un tire y afloje de posturas en cuanto a las cifras de los homicidios. La policía y la Administración Municipal enfatizan que las reducciones se deben a la acción de la Fuerza Pública, mientras que el aumento se da porque la tregua anunciada por la Comisión de Notables no existe. Pero esa tregua tiene un tinte de co-gobernabilidad con los delincuentes y ha sido enfáticamente rechazado por el alcalde Alonso Salazar y el secretario de Gobierno.
Lo cierto es que, dice la Ana Patricia Aristizabal, personera delegada para los derechos humanos, “la violencia en Medellín no para. Tenemos que reportar que en el mes de enero hubo una cifra muy alta de homicidios. Que finalizando ese mes hubo un día sin un solo homicidio, entonces uno dice: si se puede”.
Pero esas tres generaciones de ciudadanos han presenciado el paso de más de diez gobiernos municipales cuyas políticas para desmontar el monstruo del narcotráfico y la violencia que engendra en su accionar no han superado el reto, pues el músculo de renovación que engendra la narco-delincuencia está aún por encima de los cabecillas y los homicidios son solo un síntoma, ha dicho Jaime Jaramillo, uno de los notables.
