El objetivo es que el Congreso discuta nuevamente un proyecto de ley que favorezca a las víctimas de la violencia.
Hay dos posibilidades: presentar un proyecto similar al que se hundió la semana pasada en su conciliación entre Senado y Cámara, o impulsar un referendo para que la iniciativa se apruebe en las urnas.
“A mí me gustaría que se presentara un proyecto de ley”, reconoció Cristo.
El senador ofreció ayer, en compañía del representante Rivera, una rueda de prensa en la que buscaron desvirtuar los argumentos de estrechez financiera que adujo el Gobierno para solicitarle a su bancada en el Senado el hundimiento del proyecto.
Según Cristo, hubo “mala fe o ignorancia” del Gobierno, pues, a su juicio, las inquietudes financieras emanaban de cuatro de los 130 artículos del proyecto.
Estos tenían que ver con la restitución de bienes, medidas de protección para las víctimas, proyectos de asistencia y subsidios de vivienda.
Un quinto punto, relacionado con la indemnización por daño emergente y lucro cesante, también criticado por el Gobierno fue eliminado hace un año, durante el segundo debate de la iniciativa.
“¿Por qué no dejaron que saliera la ley para que el Presidente luego objetara los artículos que creía inconvenientes? La voluntad era no dejar pasar la ley de víctimas”, aseguró el congresista.
Rivera, por su parte, consideró “exagerado” que el Gobierno tasara en 80 billones de pesos el costo de aplicar el proyecto como lo planteaba la oposición. “El Gobierno está mintiendo en cerca de 70 billones”, aseguró.
“Independientemente de la modalidad, persistiremos en presentar la ley. No importa si se requieren cinco o diez proyectos distintos”, afirmó Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Por su lado, el Gobierno se prepara para presentarle al Congreso otro proyecto de víctimas que retome el enfoque que le había dado la Cámara de Representantes, criticado por la oposición.
“Vamos a presentar un proyecto de ley, como la que habíamos concertado más o menos con la Cámara, que sea viable, que el país lo pueda pagar”, dijo la semana pasada el ministro del Interior, Fabio Valencia.
Recuadro
Este martes, cerca de 30 miembros de Asfamipaz se manifestaron frente a las embajadas de México, Canadá, Francia, Italia, Cuba, España y a la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Pedían agilizar el acuerdo humanitario y permitir la participación de la senadora Piedad Córdoba en nuevas liberaciones de secuestrados.
“Buscamos que nos ayuden a convencer al presidente Álvaro Uribe para que las Farc liberen a los secuestrados”, dijo Marleni Orjuela, directora de Asfamipaz.
