Para los jueces la preocupación es otra: hacer entender que las decisiones que toman, aunque a veces resulten impopulares, las hacen ajustadas a la ley porque lo suyo es la interpretación de la norma.
Es más, el lunes de la próxima semana el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) presentará un informe sobre la aplicación de justicia.
“Los jueces interpretan las normas. Por eso cada uno hace una interpretación diferente. Ellos no pueden saltarse por encima de lo que dice la ley. Si a una persona se le vencieron los términos hay que dejarla en libertad, eso no implica que se le esté declarando inocente ni se le desvincule del proceso”, explicó un vocero del CSJ.
Cadena de errores
Fabio Hernández, presidente de Asonal Judicial, considera que no se trata de un problema de interpretación sino de una grave falencia en la investigación que tiene un origen claro: la rama judicial no estaba preparada para asumir los requerimientos del Sistema Penal Acusatorio.
“El modelo que se nos impuso es el de Estados Unidos donde un fiscal puede contar con 20 investigadores. Un fiscal en Medellín o de Bogotá puede tener entre 800 y 1.000 procesos y en algunos casos un solo investigador”, explicó Hernández.
Agregó que, a veces, las fallas en la investigación o los errores en la captura llevan a que los jueces de garantías tengan que ordenar la libertad de un capturado.
La Corporación Excelencia en la Justicia ha denunciado que cerca de la mitad de los casos que llegan a la Fiscalía tienen que ser archivados. De acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Fiscalías, el 52 por ciento de estos casos responden a problemas en la tipificación de los delitos. Es decir, se imputan conductas que no están consagradas como delitos en el Código Penal.
Esta situación lleva a que se congestionen de forma innecesaria los despachos y se frenen otros procesos que requieren atención.
Por eso sugiere hacer una clasificación desde que llegan los procesos y que se difundan mecanismos de conciliación.
