Crear el arancel judicial, que se constituirá en un ingreso público a favor de la Rama Judicial. Igualmente, se ordena la ejecución de un Plan Nacional de Descongestión, concertado con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
La norma también ordena la creación del fondo para la modernización, descongestión y bienestar de la Administración de Justicia, como una cuenta adscrita al Consejo Superior de la Judicatura, que se sostendrá de los derechos, aranceles, emolumentos y costos que se causen con ocasión de las actuaciones judiciales y sus rendimientos.
Con un nuevo artículo, se establece que cuando haya situaciones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio, de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, las salas especializadas de las Altas Cortes, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Esta actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General.
Notifax / 03 de febrero de 2009
