La iniciativa, presentada en momentos en que la Corte Suprema adelantaba investigaciones contra dirigentes políticos por presuntos nexos con grupos paramilitares, fue calificada de inoportuna por el alto tribunal. Y tampoco tuvo mejor suerte entre analistas y en círculos académicos, que llamaron la atención sobre los riesgos de impunidad y cambios de las reglas procesales para favorecer a los congresistas aliados del Gobierno investigados o presos por el proceso de la parapolítica. La doble instancia en los procesos contra congresistas, incluida en el proyecto, era un evidente lastre, no solo por las sospechas que despertaba, sino porque terminó por producir una avalancha de impedimentos o de anuncios de impedimentos de varios legisladores, que amenazaban con hundir la iniciativa.
Pero la doble instancia, el enemigo interno, no fue la única propuesta de la iniciativa que generó recelo. También la que apuntaba a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional de separar las funciones de juzgamiento y de instrucción de los congresistas, quitándole esta última función a la Corte Suprema para entregarla a la Fiscalía. Algunos relacionaron el fortalecimiento de las atribuciones de la Fiscalía con el hecho de que Fiscal General había sido subalterno del Presidente en su calidad de viceministro de Justicia.
Justas o no, estas especulaciones y susceptibilidades surgieron precisamente cuando cerca de 30 congresistas estaban investigados por supuestos vínculos con paramilitares, lo que dio pie para un debate sobre si la intención era cambiar las reglas de juego para juzgar a los congresistas y disparó las alarmas sobre el riesgo de impunidad que implicaba aprobar ese artículo de la reforma.
Los críticos también llamaron la atención sobre el hecho de que la iniciativa era más una reforma para los congresistas y para darle ‘contentillo’ a las Cortes con la prolongación del período de los magistrados 12 años y el regreso al “yo te elijo, tú me eliges”, y no una reforma para hacer que la Justicia no solo sea más accesible a los ciudadanos sino más expedita y más eficiente, pues salvo por la tutela la administración de Justicia le llega tarde al ciudadano del común.
En problemas
Aparte de los factores adversos inherentes a la reforma misma, se sumaron más tarde dos hechos externos: el golpe que recibió el ministro del Interior con la destitución de su hermano Guillermo León de la dirección de Fiscalías de Medellín y su vinculación a una investigación por presuntos nexos con la organización criminal de “don Mario”, y poco después el paro judicial que lleva 40 días. Dos hechos que le quitaron margen de maniobra e introdujeron un factor adicional de desgaste, pues la oposición lo rechazó como interlocutor válido. Paradójicamente, el ministro Valencia, que al posesionarse bautizó su cartera como de Justicia y del Interior para destacar que le daría prioridad a la Justicia, vio cómo con el paso de los días su iniciativa perdía fuerza y el Gobierno acusaba el desgaste en una serie de reuniones con su bancada para buscar la forma de obviar los impedimentos de congresistas que no querían votar por estar investigados, como Armando Benedetti, y temían una eventual pérdida de investidura. Hasta que la cuerda se reventó y el Presidente decidió anunciar públicamente que retiraba el proyecto. A su lado apareció Valencia visiblemente afectado. Asistía al entierro de su proyecto bandera.
Horas antes, en la Comisión Primera del Senado, el Ministro había tenido que enfrentar el ‘reversazo’ de la coordinadora ponente, Elsa Gladys Cifuentes, de Cambio Radical, quien expresó las razones por las cuales consideraba inconveniente seguir adelante con la reforma. Por su parte, la senadora Gina Parody, de La U, había planteado una disyuntiva. “Aquí vamos a decidir qué queremos hacer de la reforma -dijo-. Una reforma de fondo para los ciudadanos o una reforma para los congresistas que el Ministro pueda presentar como un pergamino para sostenerse en el cargo”. Y luego le preguntó directamente a Valencia Cossio: “Ministro, ¿cómo quiere usted pasar a la historia?”.
La estocada final la dieron los representantes de las Cortes que, como Fuenteovejuna, todos a una, manifestaron su desacuerdo con la reforma por inoportuna. Valencia, ya sin oxígeno, intervino con un discurso lánguido que evidenciaba su derrota. Poco después, los uribistas de la Comisión Primera recibieron una llamada de Palacio: el Presidente los citaba a una reunión a las 7:00 p.m. Dos horas después, el presidente Uribe le dijo a la reforma: requiescat in pace.
Cambio / 16 de octubre de 2008
