El funcionario aseguró que “estamos proponiendo, dentro de la reforma, el otorgamiento de potestades constitucionales a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para enfrentar fenómenos como la congestión judicial y el acceso a la justicia, a través de una función cuasi legislativa”.
A diferencia de lo planteado en el 2002 por el presidente Uribe en su ‘manifiesto democrático’, en el sentido de acabar con el Consejo Superior, porque lo consideraba oneroso para el Estado, esta vez el planteamiento es reforzarlo y darle un papel protagónico.
Al sustentar la propuesta gubernamental, el viceministro dijo que lo que se pretende es “simplificar procedimientos, complementar las leyes o suplirlas”. Además, explicó que “(podría) crear salas, por ejemplo de tutela dentro de las corporaciones judiciales”.
Pese a que el viceministro argumentó que “estamos de acuerdo totalmente en dos premisas fundamentales: la despolitización de la rama judicial y la mayor autonomía de la rama judicial”, algunos congresistas de la coalición dicen que no hay consenso en el contenido de algunos elementos de la reforma, como la doble instancia, elección de magistrados y la cooptación.
Y el funcionario fue más allá y anunció que este proyecto ya no va a tener concertación con las altas cortes.
“Vamos a trabajar sobre un texto definido, vamos a tener el articulado resuelto y la exposición de motivos redactada de manera definitiva”, dijo. Añadió que “estamos en el proceso de definir textos, que se espera radicar el martes en el Congreso”.
“No creo que vaya a haber acuerdo mientras no haya texto y en eso quedó comprometido el Gobierno para entregarlo lo más pronto posible”, aseguró el presidente de la Cámara, Germán Varón.
El Tiempo / 21 de agosto de 2008
