A ese órgano le apremia reestructurar la justicia, pues sólo tiene 18 meses para dar un vuelco a un sistema que está cuestionado tanto por el Ejecutivo como por la oposición. En lo que no coinciden es en la forma de llevar a cabo esa reforma.
El asambleísta César Montúfar, del partido opositor Concertación Nacional, dijo a Efe que el hecho de que el Ejecutivo decrete un período de excepción para otra institución del Estado es una “gravísima violación a la independencia de la función judicial”, que se “escuda” en la necesidad de expedir los recursos.
Sin embargo, el presidente del CJT, Paulo Rodríguez, quien fue designado por el Ejecutivo para el cargo, indicó en una rueda de prensa que fue el propio Consejo el que le solicitó a Correa la medida, ya que este órgano no tiene la potestad de implementar períodos de emergencia.
Por su parte, Fernando Yávar, otro miembro del Consejo, manifestó que el decreto no afectará a la labor de los jueces, quienes podrán realizar su trabajo con “total independencia”.
Montúfar también criticó que la Judicatura se salte los requisitos de contratación de obra pública y otorgue contratos sin licitación.
En cambio Rodríguez señaló hoy que la medida agilizará la mejora de la infraestructura y la tecnología del sistema judicial, así como la contratación de personal.
El estado de emergencia se engloba dentro de un proceso para reformar la justicia que fue aprobado por los ecuatorianos en un referendo realizado el pasado 7 de mayo.
A raíz de esto, el Consejo Nacional de la Judicatura fue sustituido por un órgano transitorio, conformado por tres personas, una designada por el Ejecutivo, otra designada con los votos del oficialismo en la Asamblea Nacional y la tercera nombrada por la Función de Transparencia y Control Social, un órgano de supervisión ciudadana.
Para este año, el Consejo Transitorio cuenta con un presupuesto de 108 millones de dólares, de los cuales el 40 % se invertirá en infraestructura, un 30 % en tecnología y el resto en personal y gestión, detalló Rodríguez.
El pasado 30 de agosto Correa señaló que la reforma de la justicia va a tener un coste de alrededor de 600 millones, cantidad que se invertirá de forma gradual hasta el 2015.
Por otro lado, Montúfar apuntó que el estado de excepción sólo se puede decretar en casos de “conmoción interna” o de “grave situación”, por lo que, a su juicio, es “injustificable” que se aplique “a la situación o los problemas que pueda tener una función del estado” en el futuro.
Sin embargo, Rodríguez resaltó que las infraestructuras de la justicia “son deplorables” y que hasta que no se mejoren no se podrá reformar el sistema.
“En el caso de la infraestructura civil es vergonzante cómo se atiende a las personas, y es vergonzante cómo tienen que trabajar nuestros funcionarios judiciales. ¿En el ámbito de la tecnología? Es prácticamente inexistente. Para el modelo de gestión que estamos hablando hay que hacer las transformaciones”, aseveró Rodríguez.
Dentro de este proceso de transformación de la justicia, Rodríguez también señaló ayer que 666 personas se postularon para ocupar un cargo en la Corte Nacional de Justicia.
