Para ella, lo que está pasando, eventualmente y no en todos los casos, es una falta de capacitación de los operadores de justicia. “Pero eso no se puede suplir con reformas constitucionales. Ya no lloremos sobre la leche derramada, ya está aprobado y hay que esperar a que salga la ley estatutaria, que yo creo es la que va a acotar todo este tema. Que se implemente en debida forma y vamos a estar vigilantes de que no haya impunidad”, dijo.
Al respecto, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que esta reforma ha sido equilibrada, y ha surgido de los principales expertos constitucionalistas del país: tres expresidentes de la Corte Constitucional, un exviceministrio de Justicia experto en DIH, un general de la Policía experto en justicia penal militar y un general de las Fuerzas Militares. “Esta reforma no se hace de forma acalorada, no se hace para tratar de favorecer ningún interés particular ni para motivar impunidad alguna”.
“Errados están quienes han dicho eso –continuó el Ministro–. No conocen estas fuerzas ni sus sentimientos, ni su razón de ser”. Y agregó que, en este caso, mucho menos pueden ellos poner en duda la firmeza que tienen el presidente Juan Manuel Santos y él “respecto de la ética, del respeto a los derechos humanos, de no aceptar ningún comportamiento inapropiado”.
En ese mismo sentido se pronunció el comandante del Ejército, general Sergio Mantilla Sanmiguel, quien aseguró que queda un largo trecho para garantizar que la reforma llegue a buen término. “Eso se traduce en buenas decisiones, y lo tenemos que hacer reforzando la justicia penal militar, la ley estatutaria y varias otras reformas que hay que hacer para garantizarles a los colombianos que dentro del Ejército, en forma particular, no va a haber impunidad”.
“Los controles existen, y de acuerdo a como está dispuesta, la ley garantiza que no vaya a haber impunidad. Por el contrario, lo que necesitamos es que los hombres en el campo de combate puedan actuar de la forma más segura, que tengan la certeza de que por cumplir con su deber, por defender a los colombianos, no van a terminar en una situación jurídica comprometedora”, agregó Mantilla.
Sin embargo, Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), sostuvo que esta reforma “busca garantizar la impunidad de los crímenes de guerra o de lesa humanidad que han cometido los miembros de la Fuerza Pública, solos o en asocio con los grupos paramilitares”. Y advirtió que en adelante, “las pruebas iniciales, y esa es una parte fundamental, las van a practicar la justicia penal militar o los mismos militares, porque en los sitios donde ellos presentan los supuestos combates los únicos que van a estar participando son ellos”.
“Por otro lado, se van a seguir presentando situaciones como las que hemos vivido, en donde, producto de las recompensas, ellos (los militares) asesinan particulares y los presentan como grupos de delincuencia común, paramilitares o guerrilleros. Se presume, de acuerdo con la reforma aprobada, que todos son hechos imputables al DIH, es decir, son actos del servicio, que tienen que ver con la guerra, y sobre esa base conoce la justicia penal militar. Eso es sinónimo de impunidad”, acotó Carreño.
“Mal haríamos si para tener tranquilos a unos sectores, muchos de ellos incluso desde el exterior, que no conocen nuestra realidad, que no entienden lo que aquí se vive y se siente, nos olvidáramos de que aquí los miembros de la Fuerza Pública han estado en una situación de inseguridad”, aseveró el Ministro de Defensa. “El país requiere unas Fuerzas Militares y una Policía que, en el marco de la Constitución y la ley, en defensa de los derechos fundamentales, actúen de manera decidida contra todas las formas de criminalidad y violencia”.
TRIBUNAL, FONDO DE DEFENSA Y CÁRCELES
Otros tres aspectos de la reforma al fuero militar que han generado controversia son la creación de un Tribunal de Garantías Penales, de un fondo de defensa para financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los uniformados y los lugares donde serán recluidos.
El tribunal haría las veces de juez de control de garantías en las investigaciones o procesos penales contra los miembros de la Fuerza Pública, y estará integrado por ocho magistrados: cuatro integrantes de la Fuerza Pública en retiro y otros cuatro miembros elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno. El fondo dependerá del Ministerio de Defensa, cartera que lo orientará y coordinará.
“A nosotros el tribunal no nos satisface. Creemos que eso hace más engorroso el proceso. Otra cosa es que no nos parece apropiado constitucionalizar el fondo de defensa de los militares”, dijo Gloria María Borrero, de la Corporación Excelencia en la Justicia. “El fortalecimiento de cualquier jurisdicción es muy importante y ojalá esto venga acompañado con recursos para el fortalecimiento de la justicia penal militar”.
Al referirse a ese tema, el comandante del Ejército dijo que la justicia militar implica una revisión por parte del Ministerio de Defensa. “Ya tenemos unos recursos asignados para construir la nueva edificación independiente en donde quienes van a tomar las decisiones son los de justicia penal militar. El trabajo del año entrante es desarrollar esa justicia penal militar para que brille, se le respete, se le crea y vuelva a tener el lugar preponderante que tuvo durante muchos años de la historia de las Fuerzas Militares”.
“La creación de un tribunal de garantías conformado por miembros de la Fuerza Pública es una aberración. Modificar la administración de justicia para crear un tribunal de garantías para ellos no tiene ninguna independencia”, se quejó Eduardo Carreño, del Cajar. “Ahora que del presupuesto nacional vayamos a garantizar la defensa de los militares es otra aberración”.
El Ministro Pinzón explicó que ese tribunal de garantías procesales y penales servirá para que los miembros de la Fuerza Pública puedan acudir a una instancia donde pidan que sus derechos procesales sean respetados. “Pero lo propio también podrán hacer las personas que consideren que han sido víctimas de miembros de la Fuerza Pública”, agregó.
La reforma al fuero militar contempla, así mismo, que militares y policías cumplan la detención preventiva durante la investigación en centros de reclusión especializados. Sus condenas, de ser hallados responsables, también las pagarán en penales destinados a miembros de la Fuerza Pública.
“Que se garantice la defensa de los miembros de la Fuerza Pública cuando, por actos del servicio, terminen involucrados en una investigación que garantice su derecho a ser procesados, cuando así sea necesario, en centros de reclusión especializados”, pidió el Ministro de Defensa.
“El otro gran problema que tiene el país y que hay que tocar en el terreno de lo concreto es dónde están los abogados que van a representar a las víctimas por los crímenes cometidos por los militares, si los poquitos que hay están amenazados. ¿Quién va a garantizar que pueden litigar allá?”, concluyó Carreño.
