Los estudios de la Fiscalía señalan que a corto plazo se reduciría la congestión judicial en un 70 por ciento si se aplica efectivamente la negociación.
Eliminar las restricciones que existen para que la justicia negocie con personas investigadas por narcotráfico, secuestro y delitos contra menores de edad es una de las propuestas más polémicas que incluyó la Fiscalía en una reforma al código de procedimiento penal que presentará al Congreso antes de que se termine este año.
La Fiscalía propondrá que solo quienes estén vinculados a delitos contemplados como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos no reciban beneficios judiciales como preacuerdos y principios de oportunidad.
La última de las reformas que el proyecto pretende eliminar fue aprobada en el 2006 y estableció que no son objeto de preacuerdos o negociaciones los delitos cometidos contra menores de edad, como el abuso sexual y la violencia intrafamiliar. A juicio de la Fiscalía, esa restricción no tuvo impacto real en la disminución de estos crímenes.
El Director del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, Camilo Burbano, le dijo a El TIEMPO que las restricciones para negociar han afectado las investigaciones: “El sistema tiene muchos nudos y llevamos dos años estudiando fórmulas para potenciar los resultados de las investigaciones y garantizar la administración de justicia”, indicó el funcionario. Para el órgano investigador, incrementar las negociaciones no solo permitiría desarticular más grupos criminales, sino también lograr que los procesos terminen sin que lleguen a juicio. Hoy en día la Fiscalía tiene en la represa 1,5 millones de noticias criminales. (Lea también: Así operan los ‘gringos’ que cazan proxenetas en Colombia).
El ente acusador dice que esas negociaciones dependerían exclusivamente de su utilidad. “En todo caso los beneficios se otorgarán ajustados al nivel de cooperación efectiva. Es claro que, si la persona tiene información valiosa y lleva a la captura de sus cómplices, se deben tener las herramientas para llegar a acuerdos”, indicó Burbano.
La tesis de la Fiscalía es que negociar con responsables de delitos contra menores permitiría, por ejemplo, desarticular redes de explotación sexual de niños, que en cuatro años han dejado al menos 2.300 menores víctimas, según cifras del ICBF. (Lea también: La ONG que desenmascara a los explotadores sexuales de niños).
La propuesta, desde ya, divide opiniones. Para el exvicefiscal Francisco José Sintura “en todos los sistemas donde hay justicia negociada hay una expresión clara de la incapacidad para investigar, acusar e imponer penas. Además va en contravía de lo que la ciudadanía reclama: penas duras y que la ley se cumpla”.
El director social de la Fundación Restrepo Barco, Mario Gómez, afirma que la propuesta de la Fiscalía “no es acertada” porque “los derechos de los niños son prevalentes y la criminalidad contra la infancia debe recibir el mayor castigo”. Asegura que para desmantelar redes de explotación sexual de niños “no es necesario negociar con delincuentes, sino aplicar la ley vigente de infancia y adolescencia”.
Por su parte, el exprocurador Jaime Bernal Cuellar afirma que “es necesaria la justicia negociada porque hay una deficiencia en el sistema que ha repercutido en el aumento de criminalidad”. A su vez, el exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirma que “negociar facilita la eficacia en la administración de justicia y ayudaría a desmantelar organizaciones criminales”. Sin embargo –asegura– estas gabelas no se pueden extender cuando se trata de un abuso sexual donde solo hay una víctima y un victimario. “Allí no habría información para desmantelar una red que valiera la pena para dar a cambio un beneficio”.
Acelerar procesos
Mientras que en países como Estados Unidos el 98 por ciento de los casos no llegan a juicio y terminan anticipadamente por término de un preacuerdo, en Colombia esa cifra no llega al 5 por ciento.
Los estudios de la Fiscalía señalan que a corto plazo se reduciría la congestión judicial en un 70 por ciento si se aplica efectivamente la negociación. “Está comprobado que aumentar penas y establecer restricciones no se traduce en eficacia de la justicia”, indicó Burbano.
Al respecto, Gloria María Barrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, dice que “el sistema está diseñado para que solo lleguen a juicio el 10 por ciento de los casos y los demás deberían terminar con sentencias anticipadas y preacuerdos”. Agrega que “prohibir los preacuerdos, en delitos como violencia intrafamiliar y abuso de niños, propicia que todo se lleve a juicio y allí hay un alto grado de congestión”. Según cifras de esa corporación, año tras año la cifra de sentencias ha disminuido y solo el 0,2 por ciento de los fallos se lograron con preacuerdos en el 2012.
Los ‘cuellos de botella’ de la justicia
La Corporación Excelencia en la Justicia hizo un balance sobre el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio y presentó algunos de sus principales males. En el examen dice estar de acuerdo con el proyecto de reforma que adelanta la Fiscalía para buscar mecanismos que motiven la terminación anticipada de procesos con la aceptación de cargos, preacuerdos y así evitar llegar al juicio.
1. Negociación no llega al 1 %
Los fallos obtenidos por preacuerdos no llegan al 1 por ciento debido a la las limitaciones en beneficios por aceptar cargos en algunos delitos y en casos conocidos en flagrancia. Excelencia en la Justicia dice que la aceptación en casos de abuso sexual contra menores bajó del 32 % en 2008 al 11 % en 2013.
2. Aplazamiento de audiencias es del 50%
La Corporación establece que en algunas regiones del país el aplazamiento de audiencias puede superar el 50 por ciento. Hay diligencias que pueden prolongarse durante días por causa de la lectura de documentos. Uno de los errores de la justicia, según la Corporación, es no aplicar un filtro estricto para establecer la pertinencia de las pruebas que llegan al juicio oral.
3. Falta de garantías y hacinamiento
El análisis de Excelencia en la Justicia establece que, aunque hoy los investigadores son menos fuertes en argumentar las solicitudes de medidas de aseguramiento, los jueces las conceden con más facilidad por la presión de los medios, falta de capacitación de funcionarios y ausencia de criterios objetivos. Esto ha contribuido en el hacinamiento carcelario que es del 53 por ciento.
4. Deficiencia institucional
La falta de funcionarios llevó a que la Fiscalía se quedara en el inicio de la implementación del Sistema Penal Acusatorio sin capacidad suficiente para atender las denuncias. Para tratar de corregir este problema el organismo incrementó su planta en un 12,7 %. La Corporación afirma que también se debe fortalecer el instituto de Medicina Legal que hoy solo tiene, por ejemplo, 70 peritos psiquiatras y psicólogos.
5. Fallas de tecnología
Diez años después de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio, no ha entrado en funcionamiento un ‘software’ para la coordinación de agendas. Esto le permitiría al juez realizar citaciones en horarios que no se crucen con otros procesos de abogados y fiscales.
Imputación de cargos desaparecería
La reforma que hoy está en manos del Ministro de Justicia y que ya fue socializada con las altas cortes establece además la eliminación de la audiencia de imputación. De ahora en adelante se comunicaría al investigado que será llevado ante los jueces y su primera comparecencia la hará en la audiencia de acusación.
Al respecto, el ex vicefiscal Francisco José Sintura asegura que “es una necesidad actual porque dicha audiencia es un obstáculo para agilizar los procesos”. El exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, coincide al indicar que esa audiencia “es uno de los huecos que tiene el actual sistema penal por donde se cuelan las artimañas jurídicas para alargar un proceso, de modo que no llegue la etapa de acusación”.
El proyecto también establece eliminar la figura del incidente de reparación a víctimas que se inicia solo al terminar los procesos penales. El organismo propone que el afectado pueda pedir su reparación de manera paralela al proceso judicial, en la justicia administrativa, sin tener que esperar a que termine la etapa penal.
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/fiscala-propone-negociar-con-los-responsables-de-delitos-contra-menores/14746996
