Se crea la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas que tiene dentro de sus funciones el diseño de políticas, la coordinación y la capacitación a funcionarios en materia de atención a víctimas; así como la adopción de lineamientos para la implementación de centros integrales de atención y orientación ciudadana.
Apunta a fortalecer la unidad de gestión
Se crean instancias permanentes para la coordinación de políticas y estrategias en la entidad: el Comité de Priorización y el Comité de Gerencia y Coordinación Interna.
Pretende fortalecer la gerencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA)
Se crea la Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio y de la Articulación Interinstitucional que tendrá dentro de sus funciones el análisis de problemáticas y el diseño de estrategias para fortalecer la implementación de la reforma.
Apunta por mejorar la formación de los funcionarios
Se crea la institución universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) para la educación en investigación penal y criminalística.
Este establecimiento público estará dedicado a desarrollar programas de formación en educación superior en áreas propias de la administración de justicia, especialmente en materia penal, con lo que se busca mejorar la calidad y eficiencia de las funciones que ejerce la Fiscalía.
Busca el fortalecimiento de las seccionales de fiscalías
Se incrementa el número de seccionales de fiscalías de 30 a 35: una por cada departamento del país y tres independientes para las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.
Por otra parte, se elimina la desarticulación que existía en la gerencia de las seccionales, que se encontraba fragmentada entre el director de fiscalías, el director del CTI y el director administrativo y financiero. En adelante cada seccional tendrá un único director, y a su turno habrá un Director Nacional de Seccionales que se encargará de la coordinación de las diferentes seccionales del país.
Aspectos negativos
Fracciona excesivamente la dirección de la entidad
Se crea un gran número de direcciones y subdirecciones, que convierten al modelo en una estructura pesada y dividida. Adicionalmente, la existencia de tantas direcciones que se encuentran al mismo nivel obligará a que las decisiones deban escalar al fiscal general para que se vuelvan obligatorias todas las dependencias, trámite que podría generar cuellos de botella que estanquen la gestión de la entidad.
Aunque se entiende que estas divisiones pretenden una mayor especialización y dedicación en ciertas tareas de la Fiscalía, podrá resultar difícil definir los límites de las funciones de cada dirección y subdirección.
Para vencer los problemas que puede generar este fraccionamiento será indispensable el adecuado funcionamiento de las instancias de coordinación que se crearon con la reestructuración, así como de la suficiente claridad sobre las responsabilidades de cada dependencia.
Rigidez de la estructura
Si bien es conveniente la especialización de los fiscales y de la policía judicial en algunos fenómenos criminales, podría ser inconveniente que en la estructura orgánica del Decreto Ley haya quedado plasmada taxativamente la existencia de las subdirecciones de terrorismo, corrupción, derechos humanos, etc. Ello obligará a que cualquier cambio en estas especialidades deba realizarse mediante una norma de igual jerarquía, lo que resta flexibilidad a la estructura de la entidad para adaptarse a los cambios organizacionales que exige la lucha contra el crimen.
Invisibilidad del sistema de responsabilidad de adolescentes
Aunque la estructura de la entidad no tendría necesariamente que hacer referencia a modelos penales específicos o a estrategias de investigación particulares, el modelo propuesto sí lo hace: existe una dirección para el sistema acusatorio, se crea una fiscalía especializada para la justicia transicional, se hacen menciones a la estrategia de filtros de denuncias y de priorización, entre otras. Sin embargo, en los decretos de la reestructuración no se hace referencia al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, lo que se espera no sea un síntoma del escaso interés en el tema, pues se trata de una reforma legal que se encuentra en una crisis igual o superior a la que enfrenta el sistema acusatorio y en la cual se encuentran vinculados sujetos de especial protección.
Del buen funcionamiento de este sistema dependerá no solo el destino de los niños, niñas y adolescentes, sino también el futuro de la seguridad y la paz del país.
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