LA FISCALÍA de la Corte Penal Internacional (CPI) sigue de cerca los crímenes en Colombia, después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en el país. Así lo anunció el analista de la oficina de ese órgano del alto Tribunal, Xabier Agirre. “Con Respecto a Colombia, la Fiscalía sigue con mucho interés el mirar acá los desarrollos del crimen y los desarrollos jurisdiccionales. Desde el 2003 se determinó que Colombia merecía estar en la CPI de manera preliminar porque se estimaba que habían crímenes demasiado graves”, sostuvo el funcionario.
“Seguimos muy de cerca la realidad colombiana -agregó Agirre¬- en parte gracias a la colaboración de las autoridades nacionales, y periódicamente pedimos información que son remitidas de forma atenta. Nuestro conocimiento es bastante detallado de la situación del país”.
Asimismo, el funcionario de la Fiscalía sostuvo que por ahora no se ha decidido iniciar la primera investigación en Colombia con la entrada en vigencia de la CPI.
“Hasta la fecha no se ha tomado la decisión de iniciar investigación porque en cierto modo se entiende que Colombia está en una zona gris, en cierto modo, donde evoluciona el crimen”, aseguró Xabier Agirre.
Sin embargo, el funcionario extranjero enfatizó que en la mira de la Fiscalía están los crímenes de los grupos armados ilegales y los cometidos por el Estado
“Los crímenes que seguimos con atención son, claro está, los crímenes originados por el conflicto armado en el país, donde actúan paramilitares como rebeldes, como organismos estatales, siempre que entren dentro de la competencia de la Corte, es decir a partir del ano 2002. También seguimos con atención todo lo relacionado con vínculos de los grupos armados con agentes estatales”, sostuvo.
Según Aguirre, la CPI sigue también con atención y preocupación toda la información relativa a los falsos positivos, “un crimen atroz y grave, con un resultado de cientos de personas humildes asesinadas. También seguimos con atención toda la cuestión relacionada con violencia contra los grupos indígenas, porque nos parece de especial gravedad por la vulnerabilidad de los grupos indígenas”, afirmó.
Por último aseguró que la Fiscalía de la CPI investigará hasta las últimas consecuencias los crímenes que tenga competencia para indagar.
“La Corte es un órgano subsidiario, solamente actuará por defecto si el sistema nacional no es capaz de hacerlo, pero llegado el momento, dándole el tiempo necesario para hacer su labor, si efectivamente no se cumplen los requisitos necesarios en actuación penal, no tengan ninguna duda de que la Corte intervendrá y llevará a cabo las investigaciones necesarias hasta las últimas consecuencias en Colombia”, sostuvo.
Xabier Agirre, fue uno de los invitados al conversatorio “El fin de la moratoria del Estatuto de la Corte Penal Internacional y el inicio de la complementariedad penal internacional en Colombia”, llevado a cabo por el Instituto de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda.
Allí también fueron invitados otros abogados especialistas y diplomáticos que explicaron, entre otros temas, los delitos que tendrá en cuenta la CPI.
Según Juan José Quintana, diplomático colombiano en La Haya (Holanda), aparte de los delitos de crímenes de guerra, los de lesa humanidad y genocidio, hay otro de gran importancia coyuntural actual, que es el de la agresión de una nación a otra.
Para Quintana, la inclusión de este delito fue abiertamente debatida en el seno de las Naciones Unidas, pues el proceso debía recaer sobre una persona, en particular el líder de ese país que causara la agresión.
Sin embargo, el diplomático advirtió que este delito todavía no podía incluirse dentro de las competencias de la CPI, hasta que se describiera el delito, pues hasta el momento apenas se le había titulado.
Por otro lado, los panelistas fueron claros en recalcar que la Corte Penal Internacional no tendría competencias para investigar personas jurídicas o empresas trasnacionales que estuvieran implicadas en caso de coautoría de crímenes o colaboradoras de grupos al margen de la ley.
Esta apreciación fue tenida en cuenta dentro del conversatorio, a raíz de la intervención de Raúl Medina Agudelo, alias Olivo Saldaña, vocero de las Farc en el tema de los Derechos Humanos, quien le preguntó a los penalistas si esta colaboración con el crimen organizado podría ser causa de una investigación por parte de la CPI.
Por otro lado, dentro de la descripción que hicieron los invitados al conversatorio sobre los crímenes de guerra que puede investigar la Corte Internacional, estaba tipificado el de la utilización indebida de logos de organismos internacionales como la Cruz Roja, tal como ocurrió en la operación Jaque.
La vigencia de la CPI en Colombia
La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya y estará compuesta por 18 magistrados de países diferentes.
El Tratado fue firmado por 120 países el 17 julio 1998 luego de decenios de debates iniciados por juristas y otras personalidades judías, a raíz del genocidio en contra de ese pueblo por parte del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial.
Entre el 5 junio y el 5 agosto 2002, el Gobierno colombiano sancionó y, previo visto bueno de la Corte Constitucional, ratificó la ley que incorpora a la legislación colombiana el Estatuto de Roma mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional. Fue el Estado número 77 a nivel mundial y el 16 de América Latina y el Caribe en depositar su instrumento de ratificación en New York.
El pasado 1 de noviembre venció la salvedad que por siete años había interpuesto Colombia para que la CPI no pudiera investigar crímenes de guerra en nuestro país.
