La experta, quien hizo parte de la comisión asesora del gobierno para esta reforma, aclaró que la iniciativa mantiene vigente las tutelas contra sentencias judiciales, sólo que les pone límites, ya que sólo podrán ser estudiadas por la Corte Constitucional. Además, deberán presentarse máximo un mes después de emitida la sentencia demandada.
Sin embargo, Borrero dejó ver su inconformidad porque el proyecto no separa a la Fiscalía de la rama judicial. En su opinión, el ente acusador debe ser un órgano independiente, o en su defecto, debe estar adscrito al Ejecutivo.
También mostró su preocupación porque las víctimas adquirían los mismos derechos de la Fiscalía y la defensa, en los procesos judiciales, lo que llevaría al desorden en los procesos.
Por último, aseguró que no es convenientes otorgarle a los abogados funciones jurisdiccionales, tal como lo propone el proyecto reforma constitucional.
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