Limbo jurídico
De hecho, los orangutanes que le montaron a la reforma son de tal tamaño que el debate sobre su futuro se convirtió ayer en una suerte de galimatías jurídico. Ilustres constitucionalistas se contradecían unos a otros. Hecho contrario sucedía entre el pueblo raso que estaba plenamente identificado en un rechazo general a un proyecto que le vendieron para una pronta y cumplida justicia, pero que terminó en un decálogo de gabelas para congresistas, magistrados y la propia Presidencia de la República, pues según el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez , con la reforma se pasaba de un régimen democrático a uno autocrático.
Interpretaciones para todo
Dentro de la pléyades de expertos constitucionalistas, sus interpretaciones sobre el futuro de la polémica reforma eran abiertamente contradictorios. Mientras para unos, Santos estaba resolviendo con un exabrupto jurídico con otro exabrupto normativo, otros sostuvieron que su posición era inteligente y que optó por el único camino que le daba la Constitución.
Quién sí acogió la propuesta de Santos fue el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria , el mismo que ayer en la mañana indicó no saber lo que había firmado y pedía perdón al país por su error negligente. Gaviria devolverá el artículado a la Cámara y ésta, al parecer, se lo archivará.
“Pediré que cuando se tramiten las objeciones, el Congreso archive el proyecto, dado que las circunstancias ocurridas en los últimos días le generan una serie de discusiones sobre vicios en su trámite, que de insistir en su aprobación lo único que nos dejaría es en un debate jurídico lleno de incertidumbres”, indicó el representante.
La próxima semana Gaviria se reunirá con Juan Manuel Corzo , presidente del Senado, para determinar qué hacer con la reforma a la Justicia.
“Error garrafal”
Para el exmagistrado, Jesús Vallejo , tal salida es un atentado a la Constitución y la ley.
“El Gobierno no puede hacer cosa distinta de ordenar la publicación, sino lo hace, está incurriendo en un delito y es posible obligarlo a que publique mediante una acción de cumplimiento (…) El Presidente está cometiendo un error garrafal, no tiene esas atribuciones, pretende lavarse las manos cuando dice eso. El Congreso no lo puede revocar, lo único que puede hacer es iniciar un nuevo trámite de acto legislativo para revocar este que se aprobó. Pero éste ya estaría en vigencia”.
La Corte Constitucional en jurisprudencia de 2008 avala la posición de Vallejo: “Los actos legislativos mediante los cuales el Congreso reforma la Constitución no requieren de sanción presidencial, porque las decisiones de la voluntad constituyente no pueden, por su misma naturaleza, quedar subordinadas a la aquiescencia de ningún poder constituido, salvo la competencia estricta y precisa atribuida a la Corte para efectos del control formal”, señala uno de los apartes de la sentencia.
Agua sucia sin dueño
Desde que se aprobó la conciliación de la reforma, no hay quien quiera ser el doliente del agua más sucia que se ha tirado durante el periodo presidencial de Santos.
Congresistas, ministros y hasta el mismo Presidente se quieren lavar las manos.
Tratando de mitigar lo ocurrido, el presidente Santos, en alocución el jueves en la noche, planteó que “los congresistas hicieron los cambios que a bien tuvieron, y solo le informaron al Ministro de estos después de 10 horas de discusión, cuando ya, por razones de tiempo, había muy poco por hacer”.
Para Néstor Raúl Correa , presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, difiere de la posición presidencial y señala que el Gobierno tiene igual de culpa que el Congreso.
“Es como darle a un niño un pastel de chocolate y decirle que lo cuide. El Congreso no tuvo la autocontención y autorregulación y se embriagó con el poder fácil que da un reforma”, señaló Correa.
Además, la reforma a la Rama Judicial es una de las banderas del gobierno Santos, por lo que suena paradójica la posición oficial. Cabe recordar, que como ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras retiró la reforma que había presentado el saliente gobierno del expresidente Álvaro Uribe y presentó un nuevo proyecto de reforma con el que trató de “mitigar” los entre el Ejecutivo y las altas cortes.
Fuentes: elcolombiano.com y Corporación Excelencia en la Justicia.
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RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Alejo Arce
@Alejo_arce
#FF para Juan Carlos Esguerra porque demuestra que es un hombre íntegro, un gran profesional y asume su responsabilidad.
Luis Felipe Henao
@luisfelipehenao
Que renuncie Juan Carlos Esguerra marca precendente, pero Vargas Lleras pasa de agache y congresistas quedan limpios, ¡que se vayan todos!
COLOMBIAN HEADLINES
ESGUERRA HANDS IN RESIGNATION
After the controversy sparked by Congress’ approval of the judicial reform on Thursday, Justice Minister Juan Carlos Esguerra handed his resignation in to President Juan Manuel Santos. “It would be against my principles to continue in this role,” Esguerra said, “Neither my functionaries nor I have any responsibility in what was approved.”
PROTAGONISTA
ES UN JURISTA RECONOCIDO
Juan Carlos Esguerra
Exministro de Justicia
Cuando Juan Carlos Esguerra fue presentado en julio de 2011 como nuevo ministro de Justicia, se pensó que el proyecto de reforma a la justicia se haría realidad. Y es que Esguerra es considerado uno de los juristas más respetables del país. Abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, ha sido conjuez del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional y juez ad-hoc de la Corte Interamericana de D.H.
ANÁLISIS
La objeción fue una salida inteligente
Juan Manuel Charry
Abogado constitucionalista
La salida del Gobierno Nacional, al escándalo que se le volvió la reforma a la Justicia fue inteligente.
En el ordenamiento colombiano, no existe una norma jurídica que regule el tema de las objeciones respecto de reformas constitucionales. Existe sólo una pequeña reseña en la Constitución y en la ley quinta del Congreso, que indica que en aquellos aspectos que no sean contrarios a la naturaleza de ese proceso, se aplicará el procedimiento ordinario de la ley. Es decir, el presidente tendría, según el caso, competencia para objetar.
Sin embargo, la Corte Constitucional llegó a la conclusión de que no procedía ni la sanción, ni la objeción de una reforma a la Constitución.
Pero, el Gobierno lo que hizo fue que, dado que en el proceso de conciliación de textos de la reforma constitucional, presentó serias irregularidades, se deben señalar y presentar unas objeciones por inconstitucionalidad e inconveniencia del acto legislativo, como sucedería con un proyecto de ley ordinario. Todo esto justificado en que ocurrieron irregularidades mayúsculas en la conciliación.
Lo bueno de esta actuación del Gobierno es que es una salida institucional. Pues si el Presidente está equivocado, la Corte Constitucional le dirá que no podía objetar, o que por el contrario, sí lo podría hacer excepcionalmente.
Entonces, se busca una salida institucional para evitar que entre en vigencia la reforma con esas decisiones de última hora que podrían afectar varias actuaciones en curso.
En cuanto a la situación política, el ministro quedó por fuera de base. Salió a decir que era una buena reforma, que tenía varios beneficios, y finalmente alcanzó a mencionar que en algunas cosas no estaba de acuerdo, pero no admitió los errores que sí admitió públicamente el Presidente, por lo que pareciera haber quedado desautorizado.
