Por: Armando González
Periodista de EL NUEVO SIGLO
“AUNQUE EL trabajo normal cotidiano esté asegurado, solamente un Fiscal General electo podrá impulsar y llevar a cabo los proyectos y programas necesarios para el desarrollo institucional de la Fiscalía”.
Así explicó la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Carina Knaul, su preocupación sobre la interinidad en la Fiscalía.
La relatora señaló que la “situación de interinidad y provisionalidad en la Fiscalía General”, que se registra desde hace casi cinco meses, “puede afectar su desarrollo normal, especialmente en estos momentos en que Colombia busca conocer la verdad y lograr justicia y reparación a través del proceso de Justicia y Paz”.
Knaul recordó que el derecho internacional ofrece algunas pautas que pueden ser útiles en el nombramiento de jueces y fiscales, puntualizando que de lo que se trata es “de asegurar la transparencia en el proceso de nombramiento, asegurando que la persona a quien se nombre reúna las condiciones de integridad y capacidad necesarias para el ejercicio de la función y que el nombramiento esté libre de toda discriminación”.
Independencia
“Como relatora especial observo el equilibrio del sistema” de pesos y contrapesos establecido por la Constitución de 1991, “y advierto que la participación del Ejecutivo y del Legislativo en los procesos de nombramiento de los miembros de estas Cortes debe estar rodeada de las máximas salvaguardias y garantías”, dijo Knaul.
Según Knaul, la separación de poderes es base de la democracia: “Las Cortes y los juzgados deben ejercer sus funciones sin intervención de otras ramas del poder”.
Añadió que “el poder judicial requiere de independencia para el logro de una justicia ética”.
La relatora Knaul, cuyo informe final ante la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas será revelado en junio de 2010, advirtió sobre las declaraciones de funcionarios otras ramas del poder público que “irrespetan la labor y la dignidad de jueces y magistrados” e invocó por su respeto.
La delegada de la ONU dijo que en la actualidad existe una “atmósfera de terror” entre los magistrados, jueces, abogados, testigos y víctimas ante las posibles retaliaciones que pueden tomar los grupos armados ilegales, por las investigaciones que se adelantan en su contra.
“Observo con preocupación los ataques y amenazas proferidas en contra de estas personas en razón de los casos que tienen a su cargo o de las funciones que deben desempeñar”, señaló, manifestando su alarma porque “en algunos casos estas amenazas han dado lugar atentados y homicidios”.
Para ella, sin embargo, la situación empeora cuando, “pese a la gravedad de las situaciones denunciadas, su nivel de riesgo ha sido considerado mínimo y correspondiente a las actividades que desempeñan”.
Sobre este particular, Knaul consideró que “si el Estado quiere que la justicia sea realmente independiente es necesario que se adopten medidas que apliquen efectivamente las declaraciones constitucionales”.
Relatora especial
La brasileña Knaul, que dirigió el sistema penitenciario de Rondonópolis, en el estado de Mato Grosso, Brasil, y lideró un proyecto para fortalecer la independencia judicial en el que logró poner de acuerdo a 96 tribunales de su país, vino a Colombia invitada por el Gobierno a petición de la Corte Suprema de Justicia, para analizar la crisis institucional derivada del enfrentamiento entre el presidente Álvaro Uribe y el alto tribunal.
La relatora especial expresó, durante su estadía, la preocupación de la ONU por la falta de administración de justicia en Colombia.
El tema de la impunidad que aún se presenta en el país, fue otro de los aspectos que recomendó revisar la relatora haciendo referencia a la ley de Justicia y Paz que no ha proferido la primera condena.
Otro de los temas sobre los que Knaul llamó la atención son “las dificultades que encuentran para acceder a la justicia los miembros de comunidades indígenas y los afrocolombianos, particularmente aquellos que son desplazados internos. Otros sectores de la población, como los pertenecientes a otras orientaciones sexuales, sufren también dificultades de acceso a la justicia en su lucha contra la discriminación”.
