En el primer caso, los salarios actuales oscilan entre 1’200.000 y 2 millones de pesos, mientras que para jueces está entre 7’252.975 de pesos y 5’281.551 pesos mensuales.
Adicionalmente, el Gobierno expidió otro decreto que pretende establecer la remuneración de jueces en términos de porcentaje, teniendo como tope el 70 por ciento de lo que gana un magistrado de alta Corte (uno de ellos devenga cerca de 22 millones de pesos, lo mismo que un congresista).
Es decir que los porcentajes que se estaban definiendo anoche partirán de un sueldo máximo al año de 184 millones de pesos, que es lo mismo que devenga un magistrado de tribunal (15’392.811 mensual).
La medida, entonces, está dirigida a los jueces penales del circuito especializado, jueces del circuito y jueces municipales, que son la mayoría de los que entraron en paro.
De igual manera, en las normas se quiere convertir en factor salarial la bonificación de actividad judicial para efectos de pensión y salud.
Así mismo, se va a duplicar, de 15 a 30 días de salario, la prima de productividad de los empleados judiciales en un lapso de tres años a partir del 2008.
El objetivo del Gobierno Nacional es que los funcionarios que están en cese de actividades y que se sientan cómodos con los decretos se acojan a estas normas con el fin de que se les incremente sus sueldos.
“Lo que el Gobierno pretende es que algunos se retiren del movimiento, pero esos decretos desconocen la nivelación salarial que obliga la Ley 4 de 1992”, dijo Hernández.
Agregó que el Ministerio está “imponiendo” salidas. “Estoy convencido de que la mayoría del sindicato no estará de acuerdo con los decretos”.
El Tiempo / 07 de octubre de 2008
