02 de mayo de 2019 –
A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicada por Vanguardia. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
La corporación denunció el pasado fin de semana ser blanco de interceptaciones ilegales, las cuales reviven lo que en algún momento pasó durante el mandato del hoy senador Álvaro Uribe, mientras existió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Sin embargo, en esta ocasión vendrían, a juicio del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, desde una organización criminal.
“Desde comienzos de 2019 se tuvo acceso a unos audios en un proceso de corrupción donde se da cuenta de los intereses de acceder a las comunicaciones de los magistrados. No se especificaba qué magistrados, ni corporación. Sin embargo, en un audio se hace referencia al nombre de un magistrado que pertenece a la Corte Constitucional”, explicó Martínez Neira.
Para la magistrada Gloria Stella Ortiz, presidenta de la corporación, hay preocupación porque, al parecer, quienes los interceptan están tratando de obtener información personal para persuadirlos a la hora de tomar decisiones importantes. Hay que tener en cuenta que desde el semestre pasado el alto tribunal ha tenido álgidos debates de temas como el glifosato y la Ley Estatutaria de la JEP, que fue objetada por el Gobierno.
Pese a la preocupación de la magistrada, el fiscal anunció que fue necesario presentar dichos audios para que los magistrados de la Corte identificaran la tutela por la cual podrían estar siendo intervenidos. Además de ello, Martínez Neira solicitó un listado formal por parte de la corporación para que los llevará a determinar el motivo de esta acción irregular.
“Desde que tuvimos información en febrero le manifestamos a la Corte que enviara el listado de tutelas sobre las cuales han tomado decisión. El 14 de febrero envió la información y días más tarde la corporación contestó. La Fiscalía sigue en las pesquizas para saber cual es la tutela”, dijo Martínez Neira, al tiempo que explicó que aún no se logra evidenciar cuál sería la decisión que buscaban persuadir.
En la cabeza de Ortiz rondan una serie de tutelas que en su momento fueron presentados por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy extraditado y vinculado en el denominado Cartel de la Toga, además de tutelas de los exmagistrados Gustavo Malo y Leonidas Bustos, presentados ante los estrados judiciales por los mismos hechos que es acusado Moreno.
Si bien hasta el momento no se sabe a ciencia cierta el motivo de las interceptaciones, desde la Fiscalía también se ha conocido que el magistrado Alberto Rojas Ríos está siendo víctimas de amenaza en su contra y su familia. Es importante aclarar que el jurista es el ponente del estudio que se adelanta en el alto tribunal por el glifosato.
A juicio del fiscal, hasta de “hechicería” se ha conocido tras las interceptaciones. Pese a ello no entregó más detalles, tan solo se espera que durante el próximo lunes se adelante una reunión entre los magistrados de la corporación y el fiscal Fabio Espitia, quien a juicio de Ortiz podría tener en recaudo los teléfonos celulares para establecer los responsables de la acción criminal.
De los sujetos que estarían detrás de ello se sabe que son dos personas, pero el fiscal no se aventuró a dar nombres. Contrario a ello, lamentó que la información hubiese salido de los despachos de las autoridades. Por último, señaló que detrás de las interceptaciones no está vinculado la implementación del proceso de paz.
Tras conocer lo sucedido, el procurador Fernando Carrillo advirtió que hay preocupación por los rumores de toda naturaleza que se vienen presentando, “de que todos estamos interceptados. Necesitamos claridad de las entidades de control. El fiscal ha dicho con toda claridad que trabaja en las investigaciones. Ojalá avancen las mismas, ya que esos episodios que fueron tan nocivos queden atrás”.
Por otro lado, Hernando Herrera Mercado, en cabeza de la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ), rechazó vehementemente esta situación y la calificó de “gravísima”, sobre todo cuando Ortiz dijo que estaban tratando de averiguar la vida privada de los magistrados.
Por ello, el director de la CEJ solicitó a la Fiscalía General celeridad en las investigaciones que se desarrollan en el marco de esta denuncia, teniendo en cuenta que, según lo expresado por el propio Fiscal, tales interceptaciones serían “con propósitos extorsivos” y que detrás de esto estaría una organización criminal.
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