El enredo de no acabar en la Sala Disciplinaria de la Judicatura

Bogotá, 19 de febrero de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Espectador. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.

Hace cinco años, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dejó de existir. Una reforma al equilibrio de poderes de 2015, liderada por la administración del gobierno Santos, acabó con este órgano, cuya función fundamental es la de vigilar y adelantar procesos disciplinarios en contra de los abogados y jueces de todo el país. Así nació la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como el reemplazo de esta Sala. Sin embargo, este nuevo órgano nunca comenzó a funcionar por fallos de las altas cortes y por una ley que nunca tramitó el Congreso.

El presidente, Iván Duque, consultó al Consejo de Estado si podía presentar las ternas para el órgano que desapareció. En una reciente decisión de la Sala de Consulta, los magistrados le respondieron que sí. Que puede presentar las siete ternas, pues se ha generado en esta corporación una situación que no está permitida: dos de los magistrados que allí trabajan ya superaron los años permitidos para ejercer este tipo de funciones.

La historia comenzó hace cinco años, cuando la reforma pasó todos los debates en el Congreso y la Sala de Disciplina desapareció de la Constitución. La idea fundamental era que los encargados de investigar a los juristas estuvieran desligados del Consejo Superior de la Judicatura. Pero el cambio solo quedó en el papel. Primero fue la demora en la Corte Constitucional, que debía definir si los cambios eran constitucionales, y luego fue el rechazo de las ternas por parte del Consejo de Estado.

En la misma reforma de 2015 se fijó que los magistrados tenían que ser elegidos por convocatoria pública reglamentada por una ley estatutaria. Sin embargo, de acuerdo con el alto tribunal, las ternas presentadas no cumplieron ese requisito, pues esa ley nunca se tramitó en el Congreso. De esta manera, la Sala Disciplinaria, la que tenía que desaparecer, quedó con vida. El tema quedó allí y, más allá de algunos pronunciamientos de veedores ciudadanos, la interinidad de la Sala Disciplinaria no tuvo mucha discusión, dejando a siete magistrados, dos con sus períodos vencidos: Julia Emma Garzón y Pedro Alonso Sanabria.

Sin embargo, la discusión se volvió a mover en los últimos días luego de que la Sala de Consulta del Consejo de Estado emitiera su respuesta para el presidente Duque, quien preguntó si debía enviar  al Congreso las siete ternas para reemplazar a los magistrados de la Sala Disciplinaria. La respuesta fue afirmativa. El concepto del alto tribunal le dice al primer mandatario que puede enviar el listado de candidatos al Legislativo, ya que la interinidad había creado situaciones de privilegio a personas como Garzón y Sanabria. Los magistrados que llevan más de once años en esta corporación se manifestaron ante el concepto que pone en jaque su continuidad en el cargo.

A través de un derecho de petición, que no ha tenido respuesta, le expresaron directamente al presidente Duque que el concepto no era vinculante y que lo mejor era que se abstuviera de enviar las ternas para reemplazarlos. “No es que no queramos salir”, dijo la magistrada Julia Emma Garzón en diálogo con este diario, “es que la Constitución dice que los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria permanecerán en sus cargos hasta que se posesionen los nuevos miembros de la Comisión de Disciplina Judicial”. Al respecto, también se pronunció la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y Dejusticia, que han pedido desde hace años que la Comisión de Disciplina Judicial entre en funcionamiento.

Hernando Herrera, cabeza de la CEJ, aseguró: “Es muy bueno que el Gobierno haya sometido ese tema a consideración del Consejo de Estado y que este se haya pronunciado”. Sin embargo, señaló que “lo deseable es que entretanto el Congreso y el Ejecutivo le den trámite urgente a esa ley estatutaria para que esa Comisión entre a operar rápido”. Por su parte, un vocero de Dejusticia señaló que aún no tienen un concepto frente a la decisión del Consejo de Estado, pero recordó que en este caso no es necesaria la ultractividad (que la ley siga produciendo efectos) que mantiene con vida la Sala Disciplinaria, puesto que ya hay un órgano que asume sus funciones: la Comisión de Disciplina Judicial.

Herrera agregó que el Ejecutivo “no ha tenido la iniciativa” para impulsar la ley estatutaria necesaria. Aunque uno de los mayores señalados en esta situación, a su criterio, fue el Congreso de la República. “(El concepto del Consejo de Estado) es un llamado de atención al Congreso para que sea responsable en sus acciones. No puede ser que cuatro años después tenemos esa deuda pendiente de expedir una norma que permita elegir los miembros de esa y otras corporaciones”, dijo el presidente de la CEJ, quien advirtió que seguir en la interinidad es peligroso: “Las sentencias son acatadas pero eventualmente alguien puede argumentar que no tienen validez porque esos dos magistrados ya acabaron su período”.