Bogotá, 28 de octubre de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Tiempo. El texto y su imagen fueron tomados de su página web.
Tras más de un siglo de su expedición, un proyecto de reforma del Código Civil realizado por la Universidad Nacional e impulsado por el Ministerio de Justicia abrió un profundo debate sobre si el país debe modificar esta norma, expedida en 1887 y que versa sobre temas como matrimonio, familia, hijos, bienes, propiedad, contratos, testamentos, entre otros.
A comienzos de septiembre, el viceministro de Justicia, Javier Sarmiento, expresó en el evento virtual de presentación de la propuesta de la Nacional que la reforma del código sería “un aporte a la evolución del orden jurídico colombiano”, y dijo que la cartera la seguirá acompañando. Pero la idea ha encontrado opositores que consideran inconveniente sustituir el Código Civil con uno nuevo y unificar allí apartes del Código Comercial.
Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, expresó que “el Código Civil ha demostrado que, con la reinterpretación de algunas normas, no se requiere una reforma integral”.
Unos de los cambios que Herrera considera necesarios, pero por otras vías distintas a un proyecto de reforma total, es en lo relativo a las concepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres, puesto que estas eran muy distintas en el sigo XIX, cuando se hizo la norma.
Por su parte, Helí Abel Torrado, abogado experto en el Código Civil, indicó: “Una reforma del Código Civil me parece útil, conveniente y oportuna, lo que no me parece procedente es la expedición de un nuevo código civil”.
Consideró que un esfuerzo importante que deberían hacer el Gobierno Nacional y el Congreso es hacerle al Código todos los ajustes derivados de las normas complementarias que en estos años se han expedido, así como los derivados de sentencias de la Corte Constitucional, que ha tumbado o modificado varios artículos del Código.
También dijo que debería haber una actualización en cuanto al derecho de familia, puesto que “hay cierta desarticulación sobre el asunto ya que no hay un libro o capítulo que reglamente todo este tema”.
Adriana López, profesora de Derecho Procesal Civil de la Universidad Javeriana, consideró que, más que cambiar la norma porque tenga 133 años, es necesario un código moderno que dé mejor respuesta a las necesidades sociales actuales, lo que no significa que deban desecharse “todos aquellos fundamentos y principios que después de tantos años siguen vigentes”.
Explicó que entre el sigo XIX y el XXI se han modificado muchos aspectos del Código Civil original, además de jurisprudencia que ha “interpretado sus normas para actualizarlas al entorno social y reconocimiento de derecho que trajo la Constitución de 1991 como el de los niños, las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, entre otros”. Por eso, para ella todo esto debe quedar reflejado en un Código “que incluya más que normas, principios que puedan moldearse ha medida que una sociedad va evolucionado”.
Además, consideró apremiante la unificación de unos aspectos del Código Comercial, puesto que la dualidad regulatoria “genera inseguridad jurídica y problemas de interpretación de las normas por parte de los jueces”. También apuntó como necesario que haya un reconocimiento legal de múltiples negocios jurídicos que no existían hace 100 años, como el leasing, factoring, colaboración empresarial, concesión, distribución, entre otros.
El debate que abrió la posibilidad de reformar el Código Civil ha sido tan amplio que la Cámara de Comercio de Bogotá conformó una comisión para analizar la pertinencia de reformas.
Mauricio González, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara, explicó que la comisión, integrada por académicos, exmagistrados, expertos civilistas y de comercio, entre otros, hará un estudio de la idea de reforma de la Universidad Nacional para entregarle luego al Minjusticia unos documentos con sus apreciaciones.
En reuniones semanales analizarán especialmente temas como seguridad jurídica sobre la protección de la iniciativa privada y la empresa como unidad productiva. “Es un enfoque académico y práctico de cómo esas reformas pueden ayudar al desenvolvimiento de la vida de los ciudadanos y el desarrollo económico y empresarial del país”, concluyó.
Por otro lado, en extensos informes enviados al ministerio, las universidades Externado y del Rosario, si bien reconocen la necesidad de modernizar el Código Civil, hacen varios reparos sobre la velocidad con la que se está discutiendo esa alternativa, así como su conveniencia, efectividad, congruencia y hasta constitucionalidad.
También plantean que es necesario explorar vías alternativas para ajustar el derecho privado a las necesidades contemporáneas.
Por lo pronto, las propuestas de cambios al Código Civil aún no aterrizan en el Congreso. Y tanto el Gobierno como los interesados, académicos y expertos en el tema analizan de fondo cuales serían los cambios que habría que hacerle a la norma y si la vía es la creación de un nuevo código o su modernización en asuntos puntuales que lo ajusten a la realidad de la sociedad actual.
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