31 de enero de 2019 –
A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por El Tiempo. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
El ingreso de armas, celulares, drogas, licor y hasta prostitutas a los centros penitenciarios del país no es nuevo, pero sí lo es que los directores de las cárceles estén siendo capturados por permitir que los presos tengan acceso a todo eso a cambio de dinero.
Este miércoles, precisamente, fue detenido el director de La Modelo, el coronel César Augusto Ceballos, quien se convirtió en el segundo jefe de un penal capturado en los últimos cuatro meses.
Según explicó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, el mismo Ceballos les hacía un estudio socioeconómico a los presos que llegaban y, con base en eso, establecía una tarifa y decidía en qué patio los ubicaba.
También por corrupción había sido detenido el 27 de septiembre del año pasado el entonces director de La Picota, mayor Luis Francisco Perdomo, quien fue descubierto cuando recibía 20 millones de pesos de un hijo del extraditable José Bayron Piedrahíta por permitir visitas no autorizadas a esa prisión y avalar que el narcotraficante fuera el patrón del patio que ocupaba.
Pero, más allá de las capturas de los directores de dos de las principales cárceles del país y de más investigaciones en otros penales, también por corrupción, los hechos revelados por la Fiscalía dejan al descubierto los alcances del grave problema de corrupción en los centros penitenciarios de Colombia.
En efecto, durante la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los hechos por los que fueron capturados el coronel Ceballos y miembros de la guardia, el fiscal Martínez aseguró que “es el fracaso de la política criminal” y que “la crisis del sistema penitenciario y carcelario no da más espera”.
El lío de la corrupción
¿Cómo combatir el viejo problema de corrupción en las cárceles? Según Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, lo primero que debe tenerse en cuenta es que en la corrupción intervienen dos: el que paga por un servicio de manera irregular y el que acepta o exige ese pago.
Por eso, anota Herrera, “debe castigarse a todas las personas involucradas, que, además, están poniendo barreras a uno de los elementos más importantes de la justicia: la debida atención en los centros de reclusión y carcelarios”.
Herrera también señala que las capturas deberían llamar la atención sobre “la manera como se vienen escogiendo los directores de prisiones, algo que debería obedecer solo a rangos de honorabilidad y credibilidad institucional”.
Para el abogado penalista Francisco Bernate, la corrupción en las cárceles está “fomentada por una cultura ciudadana según la cual todo se resuelve a punta de penas más altas, castigando duro a los delincuentes y privándolos, incluso, hasta de su condición de personas”.
Según Bernate, esa cultura “ha impedido oír las muy graves denuncias de corrupción que hacen las personas privadas de su libertad y sus familiares”.
Camilo Burbano, también abogado penalista y profesor de derecho penal en la Universidad Externado, piensa que para combatir la corrupción en las cárceles, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y el Inpec deberían trabajar de manera conjunta en la creación de un grupo especial que facilite, antes que todo, las denuncias de los ciudadanos afectados por los pagos que les exigen en las cárceles. Esto, con la garantía de que se les protegerá la identidad.Adicionalmente, sugiere el uso de agentes encubiertos en los centros penitenciarios para detectar las irregularidades.
Hugo Acero, experto en seguridad y quien ha estudiado las debilidades del sistema penitenciario y carcelario del país, le dijo a este diario que las capturas de los directores de las cárceles de La Picota y La Modelo demuestran que el problema “no solo es de falta de infraestructura, hacinamiento e inseguridad, sino también de muchos hechos de criminalidad y corrupción”.
Según Acero, “se requiere un proceso de reestructuración profundo de todo el sistema penitenciario y carcelario. Esto no pasa solo por construir nuevas cárceles, sino por depurar y reestructurar la guardia, racionalizar y depurar las áreas administrativas y mejorar las condiciones de seguridad y resocialización”.
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