Desde el comienzo, el debate fue prolífico y estuvo nutrido por los más importantes centros de pensamiento del país en esta materia. Los congresistas y el Gobierno tuvieron a la mano abundantes elementos de juicio para perfilar una iniciativa cuyo epicentro fuera la necesidad de justicia de millones de ciudadanos víctimas de la exasperante congestión judicial. Las prioridades de la reforma, sin embargo, fueron mutando, y asuntos como la tutela contra sentencias desaparecieron del texto y les dieron paso a ajustes puntuales, que desvirtuaron su verdadero alcance.
Y no porque los temas no fueran relevantes, como dice la Corporación Excelencia en la Justicia, sino porque se perdió la increíble oportunidad de que el protagonismo se lo hubiera llevado la justicia, a la que aspiran 44 millones de colombianos y no unos pocos dignatarios con fueros especiales. Las propuestas en torno al gobierno y la gerencia de la rama, el régimen disciplinario, la integración de las altas cortes y las funciones jurisdiccionales para particulares habrían podido ser considerablemente mejoradas a lo largo de los debates, pero, al parecer, prevalecieron otros intereses, más ligados a los gremiales que a los de un servicio público venido a menos por cuenta de escándalos recientes, las calidades profesionales de algunos magistrados y la evidente y preocupante politización de la rama.
Ahora que el proyecto de acto legislativo entra a la última votación, vale la pena apelar a los congresistas para que hagan lo posible por impedir que se aplique a los actuales miembros de las altas cortes y funcionarios en ejercicio. De lograrlo, ello equivaldría a enviar un mensaje ético muy poderoso y a dar una prueba contundente de que el Congreso no está dispuesto a aprobar reformas que tienen nombre propio. De contera, desmontaría el perverso argumento de que lo que hay detrás es un pago de favores entre parlamentarios y magistrados, que pone en riesgo la independencia judicial. Sobre esta aberración sería conveniente escuchar las voces de nuestros magistrados para saber si están de acuerdo.
Ojalá se aproveche este último debate para subsanar fallas y riesgos -como la rigidez presupuestal, que estimula la vieja y nociva estrategia que consiste en arrojar dinero a los problemas en lugar de solucionarlos-, que quedaron plasmados en el texto aprobado en séptimo debate y sobre los cuales han alertado no pocas voces estudiosas de estas materias.
Resta por pedir que se proceda con la mayor precaución en el desarrollo de una adecuada transición hacia las nuevas instituciones y regímenes de los aforados que están contempladas en la reforma. Y exigir que, con ella o sin ella, al sistema de justicia se postulen y lleguen los mejores hombres y mujeres.
Así que el reto y el compromiso con el país son grandes.
