Cárceles atiborradas con internos hasta el techo, fiscales reventados con hasta 1.000 expedientes y jueces intentando resolver un promedio de 200 casos por despacho, son el panorama del sistema penal oral acusatorio (Spoa), diez años después de instaurarlo con la promesa de una justicia más ágil.
La idea, financiada por el gobierno del presidente de E.U., George W. Bush, comenzó a regir con la Ley 906 de 2004, planteando un cambio de pensamiento en la jurisprudencia.
En ese entonces, los expertos dijeron que para que el sistema funcionara, había que incrementar el personal y los conocimientos de la Policía Judicial, los fiscales, defensores públicos y jueces; destinar un mayor presupuesto para la logística de las audiencias (salas, sistemas de grabación, etc.) y afinar los mecanismos de descongestión de expedientes.
Irónicamente, pasó una década y los problemas que hoy azotan al Spoa son esos mismos. “El sistema es desastroso”, dice Miguel Humberto Jaime, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
A su parecer, los fiscales están reducidos a ser meros presentadores de casos, no investigadores. Y a ello se suma que por cada dos fiscales hay un solo policía judicial, cuya tarea es recaudar las pruebas.
Según el Informe de Gestión 2013-2014 de la Fiscalía, cada investigador del CTI ejecutó en promedio 115 órdenes de trabajo en el último año.
“Hay un cúmulo de denuncias que no generan actividad judicial, la ineficiencia de la Fiscalía por falta de personal tiene represadas muchas investigaciones”, dice el juez.
La mayoría de casos que prosperan son de captura en flagrancia, en general el porte de drogas y los delitos sexuales, mientras que otros que exigen mayores pesquisas, como los de corrupción, avanzan a pasos paquidérmicos.
Sistema “aplazatorio”
Desde 2012 la Fiscalía inició sus políticas de priorización y análisis de contextos, para maximizar recursos y dar resultados de más impacto, pero estas directrices necesitan más tiempo para ver resultados.
Otro inconveniente es la necesidad de que los testigos declaren en juicio frente a los acusados. En muchas ocasiones, el miedo provoca la inasistencia del declarante y por ende el proceso se aplaza.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) ironiza llamándolo “sistema penal aplazatorio”, al exponer que en 2013 el porcentaje de audiencias postergadas fue del 84% en Caquetá, 76% en Bolívar y San Andrés y 70% en Nariño.
Tales aplazamientos se originan por “el cruce de agendas, dificultad para el traslado de presos y las prácticas dilatorias de la defensa”, estima la CEJ.
Las demoras también van de la mano de métodos erróneos de abogados y fiscales, que dan muchos rodeos al argumentar, “perdiendo de vista lo que se tiene que acreditar”, opina el magistrado Jaime.
Al respecto, este periodista fue testigo del alegato de un defensor, quien para justificar la ilegalidad en la incautación del celular de su cliente, se remitió al Génesis de la Biblia en su rimbombante declaración.
La cuestión, reconoce Jaime, debería ser mejor moderada por los jueces. Y Camilo Burbano, director de Sistema Penal Acusatorio en la Fiscalía, acota que “algunos no han entendido su rol, eso causa lentitud”.
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