Aunque la discusión por la validez de sus resultados es fuerte, parece haber consenso en que cuatro años después del arranque del nuevo sistema llegó la hora de hacer ajustes importantes.
El balance es crítico y, de hecho, no es compartido por el Consejo Superior de la Judicatura: “Los cambios de naturaleza procesal poco inciden en la reducción de la criminalidad y de la impunidad -dice el informe de la Unión Europea-(…) La impunidad antes del sistema procesal actual giraba en torno al 95 por ciento; ahora lo hace alrededor del 97 por ciento”.
En los primeros tres años del sistema oral hubo 1,4 millones de ‘noticias criminales’. Pero en 612 mil casos no hubo mayores avances y otros 252 mil apenas están en etapa previa; es decir, no hay una investigación formal contra nadie.
Uno de los frentes urgentes es el de los capturados en flagrancia (cometiendo un delito), pues de cada diez casos solo tres terminan en una condena que, se supone, debía estar asegurada.
El mismo presidente Álvaro Uribe ha mencionado en las últimas semanas su preocupación por el problema. El mandatario hizo referencia a dos decisiones de jueces de garantías de Córdoba que dejaron en libertad a 10 personas que, según la Policía, estaban en bandas criminales.
El primer caso ocurrió el pasado 20 de febrero, cuando fueron capturados cinco hombres que tenían en su poder dos fusiles AK-47, un revólver y una pistola calibre nueve milímetros. A uno de ellos le descubrieron cuatro fotografías de las que se supone iban a ser sus víctimas en lo que probablemente sería un nuevo episodio de la guerra entre ‘don Mario’ y ‘Los Paisas’. La captura se cayó porque el juez consideró que fue ilegal.
“Es claro que el sistema debe respetar las garantías, pero no se puede caer en que el exceso de garantismo termine rayando en la impunidad”, dice el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos.
La historia se repitió tres semanas después en San Bernardo del Viento, donde cinco hombres fueron capturados. Cuando la Policía llegó hasta el sitio, encontró dos pistolas y 97 paquetes de a kilo que contenían una sustancia blanca. Era coca, pero todos quedaron libres por supuestos errores de procedimiento.
Más rápido, pero con problemas
La rapidez del sistema Penal Acusatorio frente a la paquidermia del modelo viejo está demostrada.
Un balance firmado el año pasado por el fiscal Mario Iguarán dice que investigar y juzgar un homicidio en el modelo anterior se demoraba, en promedio, 462 días. En narcotráfico, 329 días. Con las reglas que empezaron a aplicarse el 1 de enero del 2005, en el primer caso se bajó a 111 días y en el segundo, a 33.
El lío, señala el viceministro Ceballos, es que cuando no hay capturados esas cifras ya no son tan buenas. Y eso pasa en 9 de cada 10 casos.
En delitos de gran impacto la impunidad sigue siendo alta. Por lavado, en tres años, hubo 20 condenas, de 553 casos investigados. Y solo una por enriquecimiento ilícito, de 275 procesos. “Es un hecho que los grandes delincuentes aprendieron a manejar el sistema y saben como evadir a la justicia”, dice el funcionario.
Otro dato preocupante es que el 41 por ciento de los victimarios identificados son menores de 24 años. Y entre ellos hay muchos que no han cumplido siquiera los 13.
El informe también destaca que en los últimos cuatro años la justicia condenó cada mes a una persona reincidente o que ya había sido condenada anteriormente.
Cifras del Sistema Penal Acusatorio
Los procesos en el sistema penal acusatorio terminan, promedio, en menos de 10 meses. En general, el delito que toma más tiempo en resolverse ante los jueces es el de homicidio culposo: 9,4 meses; y en el que menos se tarda la justicia es en el de fabricación, tráfico y porte de armas: 2,5 meses.
El Consejo Superior de la Judicatura reconoce que, a octubre del 2008, quedaban pendientes en todo el país 118.925 procesos que se seguían en el antiguo sistema y que no se han resuelto. El 40,9 por ciento de esos expedientes están en juzgados penales municipales de descongestión.
De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, al 15 de diciembre del 2008, los 2.192 despachos judiciales a cargo del sistema realizaron 759 mil audiencias. De ese total, el 65,7 por ciento fueron de control de garantías y el restante, el 34,3 por ciento, de conocimiento.
informe genera opiniones diversas
“Claramente hay que decir que el Sistema ha sido muy útil, pero lo que refleja el estudio de la Unión Europea es que hay una alerta amarilla por áreas que no están funcionando. Es claro que el sistema debe respetar las garantías, pero no se puede caer en que el exceso de garantismo termine en impunidad. Si no hay capturados, es bien difícil que no la haya: Miguel Ceballos, Viceministro de Justicia.
“Debe haber un equilibrio entre el garantismo y la persecución del delito. No se puede pretender que se pase de la captura a la condena sin un proceso. Este es un sistema de estímulos y su finalidad es que el mínimo de casos llegue a juicio. No hay criterios claros para lograr acuerdos que permitan la terminación anticipada de procesos y la Fiscalía es tímida en aplicar el principio de oportunidad”: Hernando Torres, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.
“No conozco el estudio a pesar de haberlo solicitado. Desde hace 6 meses la Comisión de Seguimiento al Sistema Acusatorio, de la cual la CEJ ejerce la secretaría técnica, discute esos temas y ha tomado correctivos en reuniones a las que poco va el Ministro. No se puede comparar el sistema antiguo con el actual porque el cambio fue radical. La impunidad cuenta, además, con diferentes definiciones y metodologías para medirla”: Gloria María Borrero Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.
