Como se ve, de 283 proyectos de ley presentados en justicia, 54 se convirtieron en ley o acto legislativo, mientras que los otros fueron archivados durante los debates, retirados por su autor o no continuaron su discusión por falta de trámite. (Conozca el contenido de las principales leyes aprobadas en el boletín legislativo de la CEJ http://www.cej.org.co/boletines/07/1.html).
Algunas iniciativas como el Fuero Penal Militar y el Arancel Judicial fueron aprobadas por el Congreso, pero fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Por su parte, la polémica Reforma a la Justicia, que superó todos los debates en el Congreso, fue objetada por el Presidente de la República tras las denuncias de la ciudadanía, academia y medios de comunicación debido a los “micos” incorporados en el informe de conciliación. La aprobación de esta reforma constitucional constituye el primero de los cuatro retos que en materia de justicia deberá enfrentar el próximo órgano legislativo, que se enuncian a continuación:
– 1. Reforma Constitucional a la justicia: La supresión del Consejo Superior de la Judicatura, la organización del régimen de fueros y la Comisión de Acusaciones, la doble instancia para aforados, la restricción a las facultades del Procurador y la eliminación de las facultades electorales de las Altas Cortes, entre otros, son temas sobre las que ya viene trabajando el gobierno reelecto para la pronta presentación de una reforma constitucional. Sobre este último punto la jurisprudencia ha hecho importantes intervenciones que buscan ajustar algunas de las fallas que se quieren corregir. Así por ejemplo, en un reciente fallo del Consejo de Estado, se puso freno al denominado fenómeno “yo te elijo, tú me eliges” que se presentó en la elección del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte.
La forma en la que esta reforma constitucional se acercará al ciudadano de a pie será mediante la reestructuración o supresión del Consejo Superior de la Judicatura para que otro órgano funja sus funciones, del cual depende la debida administración de los recursos necesarios para el establecimiento de una infraestructura que facilite el desarrollo de audiencias orales, el uso de las TIC en los procesos y de otras herramientas incorporadas por el Código General del Proceso y de Procedimiento Administración.
– 2. Regulación del Marco jurídico para la paz: Otro de los retos a los que se verá enfrentado el próximo Congreso será la aprobación de una ley que regule el acto legislativo Marco Jurídico para la paz. Por tocar temas álgidos respecto de los cuales existen posiciones extremamente opuestas, como lo son los criterios de priorización y selección de la acción penal, estas discusiones podrían ocupar gran parte de la agenda legislativa.
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