Bogotá, 21 de septiembre de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por Diario del Huila. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
Aunque con la nueva designación de la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, el proyecto de Reforma a la Justicia no se presentó en esta legislatura.
De acuerdo con el gobierno, en cabeza de su ministra del Interior, la Reforma a la Justicia no se puede hasta tanto no se logre consolidar un acuerdo con los partidos.
“Es que la reforma política y la reforma a la Justicia requieren unos consensos y en la legislatura anterior no pasaron no por falta de argumentación o de necesidad, sino porque no hay un consenso político en torno a estos dos temas”, señaló Gutiérrez.
A raíz de esto, el Gobierno le viene apostando a otros proyectos de ley ordinarios, cuyo propósito será la descongestión judicial.
Tales tienen que ver con reformas al sistema de conciliación, al arbitraje y un tema que modifica el funcionamiento de los consultorios jurídicos; todos encaminados a mejorar los procesos y los tiempos en la justicia.
No obstante, cabe recordar que antes de la presente legislatura, el Gobierno y los partidos Centro Democrático y Cambio Radical habían radicado cada uno por su lado, sus propuestas para reformar la justicia.
Todas tienen puntos de encuentro, como la reforma a la tutela, la eliminación de las facultades electorales de los magistrados de las altas cortes, la forma de elección y el régimen de inhabilidades de estos funcionarios, entre otras.
Esto, sin duda, indica que los recientes escándalos y crisis por las que ha atravesado el sistema judicial han dejado al descubierto muchas problemáticas que necesitan, con urgencia, de un remedio, el cual, al parecer, se plasma en las diferentes propuestas.
No obstante, muchos dudan de que esas iniciativas políticas abarquen soluciones que hagan efectivo el derecho al acceso a la administración de justicia o que, en realidad, beneficien a los “ciudadanos de a pie”.
ÁMBITO JURÍDICO convocó a varios expertos para que a través de sus opiniones traten de determinar cuál es la verdadera reforma a la justicia que beneficiaría a los colombianos.
Problemática
Para poder plantear soluciones, es necesario aceptar que existe un problema y, así mismo, identificar sus causas.
En lo que se refiere a la justicia, Ana María Ramos Serrano, directora (e) de la Corporación Excelencia en la Justicia, ha identificado cuatro inconvenientes principales: la dificultad para acceder a ella, la demora para tener una respuesta definitiva, la falta de predictibilidad y la ausencia de calidad de algunas de las decisiones.
Por su parte, José Gregorio Hernández Galindo, exmagistrado de la Corte Constitucional, hace referencia a una larga lista de deficiencias, que incluyen la creciente congestión, la morosidad, el vencimiento de términos, la falta de una política criminal, la ambivalencia de las decisiones judiciales, la inseguridad jurídica, el excesivo formalismo y la crisis carcelaria.
A esto le añade una extendida falta de criterio jurídico y “hasta de elemental sentido lógico en muchas providencias”, sin dejar por fuera la politización de los jueces, la corrupción de algunos funcionarios y abogados, la prevalencia de las recomendaciones y acuerdos políticos sobre las hojas de vida y la preparación del jurista.
También incluye el litigio en los medios de comunicación y hasta “la perniciosa tendencia de jueces y magistrados a delegar la redacción de las providencias en subalternos carentes de responsabilidad”.
Por su parte, Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, centra su crítica en dos temas que califica de sensibles para todas las personas: la congestión judicial y la corrupción.
Cinco niveles
Bajo este panorama, lo ideal sería aunar esfuerzos, sin anteponer intereses políticos, para conseguir superar las falencias registradas.
Justamente, Ramos asegura que los hallazgos por ella descritos requieren trabajar en cinco niveles: en el constitucional, en el legal, en el de la gestión, en el personal y en el presupuestal.
Respecto al primero, afirma que la prioridad debería ser la reforma al Consejo Superior de la Judicatura, que, si bien fue un avance en la Constitución del 1991, se quedó corto en términos de eficiencia.
Y, pese a las críticas que podría despertar la sugerencia, asegura que no puede dejarse de advertir que la situación de ese cuerpo colegiado tiene un impacto directo en la justicia de los “ciudadanos de a pie”, en tanto se trata del órgano que administra los recursos, regula internamente a la Rama Judicial, dirige la carrera y hace las listas para elegir magistrados.
A nivel legal se inclina por pocas intervenciones, pero estratégicas. Entre ellas, incluiría el ajuste a la ley estatutaria que desarrolle la reforma constitucional y unas reformas al sistema penal acusatorio y al Código Penal, que sirvan para reestablecer la proporcionalidad de las penas.
Ahora bien, Ramos es enfática en señalar que el frente de gestión es el que más intervenciones requiere, aunque sean las más difíciles e imperceptibles, pero pueden resumirse en la necesidad de priorizar el uso de las nuevas tecnologías.
Por último, resalta que en lo presupuestal se deben hacer esfuerzos para reducir las brechas salariales, pues si bien el sistema de justicia debe ser exigente en la selección de su personal, también debe ofrecer remuneraciones justas y proporcionadas entre los distintos niveles y entidades.
Sumado a eso, concluye que el presupuesto es necesario para mejorar las instalaciones e implementar la tecnología, pero, para que esto ocurra, debe ser adecuadamente ejecutado, lo que reafirma la reforma al Consejo Superior de la Judicatura.
Principio civilizador
Burbano destaca que el acceso a la administración de justicia es un principio civilizador, el cual impulsa el deseo de las personas a que sus procesos sean resueltos prontamente y que las decisiones proferidas como resultado de los mismos sean producto de la imparcialidad del juez y ajustadas a Derecho.
Con base en lo anterior, centra su opinión en que las reformas deben considerar la falta de presupuesto para la Rama Judicial, para contratar más jueces y empleados y mejorar las actuales “condiciones insalubres e indignas” de la mayoría de los despachos judiciales.
Además, asevera que se requiere de una mejor distribución de los juzgados y los procesos, así como el nombramiento en propiedad de los jueces y empleados, “pues actualmente hay muchas provisionalidades y las medidas de descongestión son transitorias y poco eficaces”.
Por eso, cuestiona las propuestas de reforma recientemente radicadas en el Congreso de la República, con el argumento de que les falta más participación de la base de la justicia (jueces y empleados), de los abogados y de la academia.
Así mismo, señala que “una verdadera reforma a la justicia no puede restringir o desnaturalizar el carácter informal, la efectividad y eficacia de la acción de tutela, tan cercana y querida por los colombianos”.
Para Burbano, la congestión de la justicia no se debe a la acción de tutela, sino a la gran cantidad de vulneraciones o amenazas a los derechos fundamentales. Por tanto, el problema hay que atacarlo donde se produce y no en el mecanismo de defensa.
Selección
Hernández insta a que sobre las propuestas de reforma no se siga improvisando y, en cambio, reclama para que se definan los temas y que se examinen de cara al país. Esto es, discutir sobre los asuntos que de verdad importan al ciudadano del común, para un acceso real a la justicia.
A su juicio, esto implica proyectar y planear con buen criterio, más que suprimir o refundir altas corporaciones o establecer una edad mínima de los magistrados. “Es necesario garantizar un presupuesto mínimo para la justicia, de modo que se provea lo necesario a toda la Rama Judicial, en todo el territorio (no solo en las capitales)”, señala.
Solo así, añade, se podrá aumentar el número de jueces y afrontar, de una vez por todas, el problema de los procesos eternos.
Pero, más que en las grandes reformas, Hernández cree en la importancia de los procesos de selección de los seres humanos que, en uno u otro lado de la baranda, piden o administran justicia. Sostiene que la expedición de nuevas normas debe ser muy bien pensada, para que sean las que en realidad se necesiten, sin perjuicio de corregir lo que está funcionando mal, como las facultades electorales de las corporaciones, o como la exigencia de apoyo político, de promesas burocráticas o de futura orientación en votos o decisiones, tan comunes hoy cuando se postula o elige a altos magistrados.
En consecuencia, Hernández propone insistir en procesos de selección más exigentes, desde el punto de vista de la preparación en lo jurídico y de los antecedentes éticos, académicos y de trabajo de los candidatos, así como preparar mejor a los jueces.
Hay que dar un vuelco en la educación, haciéndola más completa, con un trasfondo filosófico, cultural, histórico, ético y humanístico. “Una formación, también para los estudiantes y abogados, en valores y principios, de modo que sean invulnerables al soborno y a la lisonja”, advierte.
Así como las propuestas tienen puntos de encuentro, los expertos coinciden en lo que debería prevalecer en una reforma a la justicia útil para todos los ciudadanos: una mejora al presupuesto, una depuración a los esquemas y modelos ineficaces, la implementación de la tecnología al servicio de la justicia, la educación y el fortalecimiento de los procesos de selección.
Otras propuestas
Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia de la Justicia, una verdadera reforma debe destacarse por ser más ágil en los términos para producir las sentencias y que se aligere la congestión judicial evitando la morosidad o el tiempo máximo para resolver conflictos.
A su juicio esto se lograría mediante una reingeniería de los Códigos Penales y Procedimentales “para eliminar tanto recurso inservible que a veces termina dilatando la acción judicial”.
Herrera también plantea que una modificación tendría que estar sustentada bajo el fundamento de un cambio estructural y contempla, por ejemplo, que a las altas cortes se le quiten las facultades electorales que actualmente manejan como en el caso de la elección del Registrador, Procurador, auditor general y Fiscal.
“Pensamos dentro de un marco que los magistrados y los jueces están para aplicar y fallar en derecho, no para prestar servicios electorales en lo que tiene que ver con estas facultades que no han dignificado a las cortes, sino que muchas de las veces lo que ha hecho es deteriorar su imagen por los conflictos internos para elegir a estas personas”, expone el jurista.
Agrega a su premisa que es bastante el desgaste que se lleva en recibir una terna, estudiarla, aceptarla o devolverla, luego escuchar a los candidatos, debatir sobre las propuestas de los aspirantes y luego tomar una decisión es un tiempo valioso en el que los magistrados y sus equipos podrían estar empleando en su función principal que es la de administrar Justicia.
Otra cosa piensa el exmagistrado del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, quien apunta su tesis a que debatir si una Corte debe o no ser un nominador de cargos es una materia secundaria frente a las verdaderas preocupaciones que acarrea la Justicia colombiana.
Gómez piensa en que primero ha de resolverse la prontitud en la resolución de procesos de cara a que se convierta en un sistema que beneficie a los ciudadanos.
“La justicia tiene serios problemas de oportunidad. La transparencia en los jueces es muy precaria, no hay controles, tenemos un aparato de justicia que es un aparato burocrático”, indica.
El factor económico
El tema de los recursos ha sido un tire y afloje en la rama. Las exigencias económicas que siempre exponen desde Asonal van desde mejoras salariales hasta la adecuación de mejores espacios de trabajo de los despachos judiciales.
Pero el tema económico sí es fundamental para el penalista Francisco Bernate quien enfatiza que el cambio “no debe ser de normas sino de recursos para dignificar la administración de Justicia en el sentido de nivelación salarial, mejor tecnología, más jueces, más fiscales”.
Sobre el particular señala que con una Justicia “que tenga jueces mejor remunerados” la sociedad se verá beneficiada pues dirimirá de mejor manera sus conflictos.
Consulte el artículo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2lHGCNb
