Las dos decisiones, una en contravía de la otra, las tomaron magistrados del mismo Tribunal, el de Cundinamarca, al decidir sendas acciones de tutela sobre el mismo asunto: la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá.
Esa sanción y la inhabilidad para ocupar cargos públicos por 15 años ya fueron notificadas por edicto en la Procuraduría y el próximo miércoles se oficiará a la Casa de Nariño para que se proceda a nombrar reemplazo.
Pero una vez ocurra eso el proceso entrará a la nevera por tiempo indefinido, como efecto de centenares de tutelas entabladas por partidarios del Alcalde en medio de una estrategia que fue bautizada por ellos mismos como ‘tutelatón’. El plan, además de embolatar la salida de Petro, tuvo el efecto colateral de poner al recurso de amparo en una de sus peores crisis en sus 22 años de existencia, al punto de que muchos analistas aseguran que será necesario llevarlo a cirugía. Es un tema tabú que ha estado presente en todos los proyectos de reforma de la justicia, pero que nunca había salido adelante. Hasta ahora.
Desde 1991, en el país se han entablado casi 5 millones de tutelas con las que se ha logrado, por ejemplo, ampliar los servicios y medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y el reconocimiento de derechos de la población gay. Es, de lejos, la figura jurídica más reconocida por los colombianos y, coinciden todos los expertos, la ‘joya de la corona’ de la Carta del 91.
Pero son también muchos los que señalan que la tutela se desbordó y que hoy es el primer factor de inseguridad jurídica en Colombia. “Es sin duda el gran logro de la nueva Constitución, pero se desnaturalizó y terminó convertida en una nueva instancia judicial y disciplinaria”, advierte el exministro Juan Carlos Esguerra, uno de sus ‘padres’ en la Constituyente del 91.
Aunque se supone que solo debe ser usada para defender derechos básicos cuando ya no existan otros mecanismos legales, la tutela ha dado hasta para obligar al Estado a seguir con contratos dudosos, como uno de 60.000 millones de pesos para equipos de seguridad del Inpec que, cuatro años después, siguen inoperantes. La Sala Disciplinaria de la Judicatura ordenó, vía tutela, hacer el negocio. La revisión de la Corte Constitucional tumbó la decisión, que en su momento generó escándalo. Esa Corte también tuvo que atajar una decena de tutelas concedidas por la Judicatura que en el 2009 pretendieron tumbar los procesos de ‘parapolítica’ y la ‘Yidispolítica’ que adelantaba la Corte Suprema contra congresistas y ministros.
Vientos de reforma
El caos jurídico generado alrededor de la destitución de Petro, sin embargo, revivió un debate sobre la tutela que no se veía desde el famoso ‘choque de trenes’ entre la Corte Constitucional, por un lado, y la Suprema y el Consejo de Estado, por el otro, por su aplicación contra las sentencias judiciales.
En varias propuestas que se están cocinando de reforma de la justicia, el tema aparece hoy como prioridad. Este diario confirmó que en el Consejo de Estado toma fuerza de nuevo la idea de impulsar una iniciativa para ‘ordenar’ el uso del recurso.
Abrir la puerta de una reforma legal o constitucional sobre esa herramienta, no obstante, es una salida que muchos consideran peligrosa. “Establecer algún tipo de restricción o impedimento en torno a la tutela sería un retroceso en nuestro sistema democrático que podría llegar a excluir las posibilidades de que las personas hagan valer sus derechos”, dice el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández.
El punto es que el caos jurídico generado por la ‘tutelatón’ ha terminado por darles munición jurídica a quienes señalan que hay un abuso de la acción de tutela. La estrategia de inundar los despachos con demandas casi calcadas había sido utilizada antes en casos de pensiones o ayudas dudosas (las de la ayuda invernal, por ejemplo), pero nunca habían llegado en masa defendiendo, al final, a una sola persona y frenando indefinidamente los procesos en su contra.
El plan por ahora está dando resultados y ha conseguido que magistrados seccionales avalen argumentos con pocos antecedentes en Colombia. Así, aunque se trata de un mecanismo de protección de derechos fundamentales que supuestamente solo puede ejercer el afectado o un ‘agente oficioso’ de la persona (o del grupo de personas) si está en incapacidad de hacerlo, en el caso Petro los magistrados seccionales concedieron tutelas entabladas por centenares de ciudadanos que dicen que la destitución afecta sus derechos políticos.
El resultado es que en cualquier momento puede aparecer una nueva tutela que frene una vez más el proceso de destitución. “Se necesita que los jueces o consejos seccionales acumulen esas tutelas –dice el exvicefiscal Francisco José Sintura– (…). Y hay que hacer una regulación normativa que restrinja el abuso y que impida que se entablen mil tutelas por el mismo asunto”.
La ‘tutelatón’ también ha puesto sobre el tapete el debate de hasta dónde los jueces pueden ejercer su autonomía de interpretación en asuntos que ya han sido resueltos por la máxima instancia en la materia, que es la Corte Constitucional, y por el Consejo de Estado.
Así, puntos planteados en las tutelas como la facultad de la Procuraduría para investigar y sancionar funcionarios, incluso los de elección popular, fueron resueltos hace tiempo por ese tribunal en favor del Ministerio Público. Lo propio ha pasado con la improcedencia de la tutela para atacar destituciones, pues frente a ellas existen otros mecanismos, como las demandas ante la justicia administrativa.
“Los precedentes constitucionales obligan. El Artículo 230 de la Constitución les da a los jueces autonomía, pero no la facultad de fallar de manera caprichosa y sin tener en cuenta la jurisprudencia y la misma ley”, dice un magistrado de alta corte.
¿Llegó el momento de reformar la tutela? Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, considera que sí es hora de ajustes, pero advierte que el tema debe ser decidido por el próximo gobierno y Congreso.
“Este Congreso, que pervirtió la reforma de la justicia de hace dos años, no tiene legitimidad para abordar el tema”, dice. Excelencia en la Justicia trabaja desde el año pasado, con académicos, magistrados y operadores judiciales, en su propuesta, que será entregada al ganador de las presidenciales.
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