24 de septiembre de 2018 –
A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por Asuntos Legales. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
Cortes sin académicos y litigantes
Dentro de los puntos que ha presentado el Gobierno dentro de su propuesta de reforma a la justicia, se introduce un cambio que podría tener consecuencias significativas para la conformación de las altas cortes.
¿Cuáles son los requisitos actuales para ser magistrado de una alta corte?
Los artículos 231 y 232 de la Constitución Política (CP) establecen que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo de Estado (CdE) y la Corte Constitucional (CC) se debe haber desempeñado, durante 15 años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido la profesión de abogado o la cátedra universitaria, y se debe observar el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la academia.
¿Cuál es la modificación que pretende introducir el Gobierno?
El Gobierno propone aumentar la experiencia a 20 años, la cual se puede haber adquirido en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o por el ejercicio de la profesión de abogado o la cátedra universitaria. Para el cargo de Magistrado de la CSJ y del CdE la experiencia deberá ser afín al área de la magistratura a ejercer, y como mínimo cinco años deberán corresponder al ejercicio del cargo de juez o magistrado, en cualquier tiempo.
¿Cuál es el razonamiento detrás de la propuesta?
Según la exposición de motivos, se busca que los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), o el Consejo de Estado (CdE) cuenten con un mínimo de experiencia judicial y dar mayor importancia a la carrera judicial, incentivando a los mejores abogados a ingresar a la misma.
¿Cuál sería el efecto de esa reforma?
En la práctica, se impondría una barrera para que académicos y quienes ejercen la profesión de abogado se postulen a la CSJ y el CdE. Si se parte de la promoción de la carrera judicial, ello implicaría que quien pretenda adquirir la experiencia mínima, debe ingresar a la carrera judicial, la cual, desde su convocatoria hasta el registro de elegibles puede tomar un poco más de cinco años, tal como quedó evidenciado con la Convocatoria 22 que inicio en junio 2013 y respecto de la cual, a la fecha, hasta ahora están tomando posesión lo que resultaron elegibles.
Una persona interesada en adquirir la experiencia judicial mínima tendría que invertir 10 años (cinco mientras ingresa a la carrera judicial y cinco ejerciendo como juez o magistrado) para poder postularse a una alta corte. La consecuencia sería que la administración de justicia se vería privada de la riqueza del debate desde posturas diversas (la de los jueces, los académicos y abogados en ejercicio). Baste anotar que varios de los magistrados han ayudado a construir la jurisprudencia hito en Colombia, no han provenido exclusivamente de la Rama Judicial.
Tal como lo explicaba la CEJ en el análisis ¿Quiénes componen las Altas Cortes en Colombia?, se debe “propender por un equilibrio en diferentes frentes para que el acceso a los máximos cargos de la Administración de Justicia sea abierto, sostenible y atractivo para hombres y mujeres que ostenten las mejores calidades profesionales con diferentes campos de experiencia que puedan aportar en todo momento ideas innovadoras al mejoramiento de nuestra justicia.”
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