Los procesos represados en la justicia civil son 1’300.000. De ese total, 800.000 son procesos hipotecarios que están en manos de 15 instituciones financieras, señaló.
El jurista propuso quitarles a los jueces parte del trámite que se deben cumplir en esos procesos: concretamente, pidió que los remates se realicen por fuera de los juzgados.
El gobierno, a juicio de Arrubla, debe diseñar normas que eviten mayores cargas a la justicia. Como ejemplo citó el caso de la recién aprobada Ley del Consumidor que, según dijo, no brinda mecanismos alternativos de solución de los conflictos y traslada a los jueces trámites que pueden ser resueltos por las autoridades administrativas o centros de conciliación.
