12 de mayo de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Nuevo Siglo. El texto fue tomado de su página web.
A finales de abril pasado, luego de más cuatro meses, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió como su presidente para el presente año al magistrado Álvaro Fernando García Restrepo y en la vicepresidencia de la Corporación designó al jurista Jorge Luis Quiroz Alemán.
No obstante, este proceso dejó un mal sabor de boca en algunos por el tiempo que le tomó elegir a sus dignatarios para la presente vigencia, en comparación con la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que lo hicieron en enero pasado.
Debido a la dificultad que tuvo la Corte Suprema para elegir presidente este año se vio en la necesidad de designar suplente en este tiempo. El 24 de enero pasado la Sala Plena designó como presidente encargado al magistrado José Francisco Acuña Vizcaya, a quien le correspondió esta responsabilidad en primera instancia porque en estos casos se encomienda por orden alfabético.
Sin embargo, poco después el togado Acuña Vizcaya renunció a este encargo aduciendo motivos de salud, por ello el alto Tribunal tuvo que nombrar de presidente en calidad de encargado al magistrado Gerardo Botero Zuluaga.
Una explicación para la dificultad que tuvo la Corte Suprema para elegir su presidente este año es que en la actualidad apenas cuenta con 18 de los 23 magistrados que la componen, pues no se han llenado las vacantes de juristas que han salido por finalizar su periodo, así como se suma la situación de Gustavo Malo, quien se encuentra suspendido de su cargo pues en la actualidad afronta un juicio por presuntos actos de corrupción.
Como consecuencia si el alto Tribunal no tiene la nómina de magistrados completa se dificulta aún más alcanzar la mayoría de los 16 votos. Así también se ha visto en años anteriores, no solo a la hora de elegir sus dignatarios y llenar sus vacantes, pues conserva el sistema de cooptación para integrar sus miembros, sino en la elección de Fiscal General de la Nación, como sucedió en diciembre de 2010 en el caso de la elección de Vivian Morales, quien sucedió a Mario Iguarán.
En esa oportunidad la Corte decidió elegir a Morales como Fiscal con 14 votos de 18 magistrados actuantes. Sin embargo posteriormente el Consejo de Estado anuló este acto porque dicha votación no representó las dos terceras partes de los integrantes de la Corporación.
Sobre el particular el director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, propuso en EL NUEVO SIGLO que “la solución pensamos tiene varios remedios, el primero de ellos la Corte Suprema está en mora de reformar su reglamento como ya lo hizo el Consejo de Estado, a efectos de flexibilizar las mayorías para que este tipo de elecciones se pueda hacer de manera ágil y oportuna”.
Añadió y “lo otro es establecer mecanismos automáticos de selección de los dignatarios, como por ejemplo lo hace la Corte Constitucional, en la cual ya se sabe que el vicepresidente en el siguiente año va a ser el presidente”.
Tras la elección de su Presidente y Vicepresidente para este año la Corte Suprema de Justicia tiene pendientes nuevas votaciones para llenar cinco vacantes de magistrados que hay en este momento: en la Sala Penal para reemplazar a Fernando Castro y a José Luis Barceló; en tanto que en la Laboral a Luis Gabriel Miranda y Mauricio Burgos, y una más en la Sala de Instrucción, que no se ha llenado desde que esta se creó.
Consejo de Estado
Como consecuencia de la reforma del reglamento en mayo de 2015 se buscó facilitar la función electoral de esta Corte para la elección de sus magistrados así como aspirantes a integrar listas a magistrado de Corte Constitucional, Procurador General y Fiscal General.
Ahora para la elección es necesario que la persona postulada alcance una votación equivalente a las dos terceras partes de los magistrados que en este momento haya en funciones en el Consejo de Estado.
Fue un cambio fundamental porque anteriormente también se requerían las 2/3 partes del quórum de la sala plena, es decir, de todos los magistrados que tiene esta Corte, que son 31, lo que demandaba como mínimo 21 votos.
Sin embargo, para decisiones jurisdiccionales en Sala Plena se requiere el voto de la mitad más uno.
En ese sentido el reglamento del Consejo de Estado señala que “toda elección, designación o integración de ternas, se hará por voto secreto. La mayoría, para esos efectos, será las dos terceras partes de los magistrados en ejercicio. En todo caso se requerirá como mínimo la mitad más uno del número total de integrantes de la Corporación previsto en la Ley”.
Consulte el artículo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2ViXaH5
