03 de marzo de 2019 –
A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por El Espectador. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
El Código de Policía sigue protagonizando tantos debates como cuando se implementó. La ambigüedad de las normas, el desacato de los ciudadanos, la mala interpretación de los agentes y el valor de las multas son algunas de las discusiones, en medio de la ejecución de una ley que se ha convertido en un desafío para las autoridades distritales, policiales y la comunidad.
Solo en Bogotá, según la Secretaría de Gobierno, desde que el Código superó la etapa pedagógica (1° de agosto de 2017) hasta el pasado 19 de febrero se contaron 520.716 comparendos, lo que equivale a cerca de 917 al día o 38 cada hora. Por su parte, el panorama nacional muestra que hasta agosto del año pasado se impusieron dos millones sanciones, de las cuales el 75 % fueron en Bogotá, Atlántico, Valle, Antioquia y Risaralda.
No obstante, detrás de las cifras lo cierto es que, comparendo tras comparendo, el proceso ha venido colapsando la capacidad de respuesta de las autoridades, que hoy buscan la forma de descongestionar el sistema y optimizar los procesos. La razón: los inspectores de Policía, que resuelven las controversias sobre los comparendos, no dan abasto.
El proceso
Para entender el panorama es clave conocer el proceso. Antes de imponer una multa, los policías deben analizar la situación y aplicar criterios de transparencia, solidaridad, buena fe y otros, estipulados en la ley, para decidir si interviene o no. Luego, debe hacer un llamado de atención verbal. Agotadas las instancias, si la infracción persiste, ahí sí podrá emitir la orden de comparendo.
Aunque hay conductas que después de cometidas no se pueden resarcir (como orinar en vía pública o colarse en Transmilenio), vale resaltar que la orden de comparendo no significa que la persona esté obligada a pagar de inmediato. La norma le da la opción de aceptarla y pagarla o rechazarla e impugnar ante un inspector de Policía, quien debe valorar las pruebas y escuchar la versión de los hechos antes de tomar una decisión de fondo.
A pesar de lo claro que parece en el papel, el procedimiento y el tiempo que lleva en vigencia el Código de Policía, hay datos que evidencian que hay un cuello de botella que impide que la norma se cumpla a cabalidad. Por ejemplo, del total de comparendos impuestos en Bogotá, alrededor de 100.000 personas hicieron cursos pedagógicos y solo 18.286 (3,5 %) pagaron la multa. Y de aquellos que han impugnado (casi 235.000), solo 10.120 casos ha sido resueltos por un inspector. Es decir, actualmente hay 390.000 casos que permanecen sin pagar o sin resolver en las inspecciones.
Cuellos de botella
Las causas de esta congestión en el sistema parecen claras: por un lado, recae en los policías, pues pese a que el comparendo es la última medida correctiva, según varios ciudadanos, algunos uniformados no estarían agotando el procedimiento previo o, en palabras de la ministra de Justicia, Gloria Borrero, están haciendo una mala interpretación de la norma, lo que quedó en evidencia con polémicos comparendos como el de la compra de una empanada en vía pública, el de la estudiante de artes por portar un bisturí en su mochila o el del joven multado por correr en la terminal de transportes en Tunja. De ahí el gran cúmulo de sanciones.
Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), esto ocurre porque la actividad de Policía involucra una alta discrecionalidad a la hora de escoger sus objetivos, decidir si aplica una medida correctiva y qué tipo de medida. “Con el Código, esta discrecionalidad es más amplia, pues se espera, por ejemplo, que un policía aplique su buen juicio para distinguir entre un consumidor y un expendedor y reconozca una droga alucinógena. El Código establece limitaciones a la acción policial, pero, al final, todo depende de su interpretación en cada situación”.
Por el otro, está la parte administrativa, pues en Bogotá apenas hay 103 inspectores (uno por cada 77.670 habitantes), quienes además de tener que responder por esta avalancha de comparendos también están encargados de solucionar otros asuntos, como las querellas que existían desde antes del nuevo Código de Policía, algo que aumenta la carga y hace que resolver la impugnación de un comparendo pueda tardar meses. Esto se traduce en un riesgo de abuso, pues no solo genera una dificultad a los ciudadanos a la hora de reclamar y apelar, sino que impide controlar la actividad policial, dice la FIP .
Hay que automatizar
Las debilidades administrativas son evidentes, no solo en Bogotá sino en el resto del país. Así lo reconoce el propio director para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno, Luis Alfredo Cerchiaro, quien resalta que pese a los esfuerzos que ha hecho la administración por ampliar y capacitar la planta de inspectores y los policías, todo seguirá pareciendo infructuoso si se siguen impartiendo comparendos a diestra y siniestra. “La buena crítica es saber si el número de comparendos puede disminuir y si tenemos la capacidad de atender todos los que estamos haciendo diariamente, porque vamos a tener que evacuar el 100 % de los casos. No hay opción”, agregó.
Por lo pronto, desde la Administración Distrital se cree que la automatización del proceso de comparendos por el Código de Policía es la solución más viable, tanto para los ciudadanos, que podrían obtener inmediatez y celeridad en la respuesta a sus impugnaciones o quejas, como para las entidades que buscan refuerzo en el seguimiento y la trazabilidad de lo que está sucediendo con los comparendos y los procesos en las inspecciones de Policía.
“Esa automatización nos va a generar el menor margen de error entre lo que dice el ciudadano, lo que señala el policía y lo que el inspector debe fallar. Debe ser como sucede hoy en día con las multas de tránsito, donde el sistema está tan bien diseñado que no hay pierde y, en la mayoría de casos, el ciudadano no puede excusarse”, dijo Cerchiaro.
Debido a los vacíos de la norma, según la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), a la fecha se han presentado ante la Corte Constitucional 144 demandas contra el Código de Policía. De estas, 18 están pendientes por resolverse, 109 fueron archivadas y se han proferido 17 sentencias que delimitaron normas, como el manejo de mascotas potencialmente peligrosas, la ocupación del espacio público y el ingreso de la Policía a una casa sin orden escrita.
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