Las propuestas están consignadas en 160 páginas en las que de manera detallada se muestra el blanco y negro de lo que es y lo que debería ser la justicia colombiana; todo, condensado en 15 capítulos que resumen el llamado “Gobierno de la Rama”, espina dorsal de la iniciativa.
En los próximos días esta propuesta será sometida a consideración del Gobierno, como responsable de la convocatoria, y al escrutinio de cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República. La idea es buscar un consenso frente a la necesidad, para que este esfuerzo sea llevado al Congreso y se convierta en realidad.
En este último aspecto, y ante los temores por posibles ‘micos’ que le cuelguen más adelante, el documento previene sobre la inconveniencia de cambiar la esencia de la propuesta, sin desconocer el poder reformador del Legislativo.
“La comisión excluyó como materia de discusión lo relacionado con la competencia de investigación y juzgamiento radicada en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En consecuencia reitera que el espíritu y propósito de las conclusiones aquí consignadas se mantengan”, señala el documento.
Elección del Fiscal General
Uno de los hechos que más llama la atención está relacionado con la manera como se propone el nombre de los aspirantes a Fiscal General y quién debe elegir a ese funcionario.
La propuesta habla de que sea la propia Corte Suprema de Justicia la que elabore la lista de aspirantes a suceder al Fiscal saliente, para que el Presidente elija. En la actualidad ocurre lo contrario: la potestad de designación es del Presidente de la República, quien de manera autónoma elabora una terna para que la Corte en pleno elija.
Este es, para muchos, el problema que desde hace siete meses enfrenta a la Corte Suprema con el Ejecutivo y por el que, a pesar del largo periodo, no ha sido posible dicha escogencia; primero, por una inviabilidad decretada y luego, porque ninguno de los aspirantes ha alcanzado los 16 votos que requiere.
Pero este no es el único cambio propuesto. Se propone replantear el número, para que se pase a una lista de por lo menos seis aspirantes, que elaboraría la Corte y de la cual el Primer Mandatario haría la designación.
El Consejo de la Judicatura
El hoy conocido Consejo Superior de la Judicatura se convertiría en un órgano llamado Consejo Nacional de la Administración Judicial y pasaría de tener 13 magistrados, con todo lo que eso implica en cuanto a auxiliares y equipos de trabajo, a 6 miembros, sólo tres de ellos exclusivos del nuevo organismo.
Esto eliminaría automáticamente la Sala Disciplinaria (que hoy disciplina a abogados, jueces, fiscales y magistrados) y se mantendría la función administrativa (Sala Administrativa) pero con nuevos integrantes: los presidentes de las tres altas cortes (Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia), además de tres expertos en temas judiciales y administrativos.
Se acabaría el Ministerio del Interior
La necesidad de crear de nuevo el Ministerio de Justicia, independiente del de Interior (política), es otra de las propuestas planteadas.
El documento hace énfasis en las funciones que deberá tener ese Ministerio: entre otras la política legislativa, judicial, criminal y carcelaria. Se convertiría en un puente entre la rama, el Legislativo y el Ejecutivo.
Otros cambios
• Uno de los temas más duros de tratar fue el tan duramente cuestionado ‘choque de trenes’ que genera la procedencia de tutela contra providencias judiciales, en especial, contra las sentencias de las altas cortes. La Comisión decidió mantener la procedencia de esta acción, inclusive contra providencias judiciales, pero propone límites para que dicho mecanismo sólo se use por claras violaciones al debido proceso y no por diferencias acerca de cómo cada tribunal interpreta una norma.
• La función disciplinaria que hasta el momento cumple la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, estaría en cabeza de la llamada Colegiatura Nacional.
• A los medios de comunicación se les reclama certeza a la hora de dar a conocer la información “sin competir con la función judicial”, dice el documento.
