Separación

Una de las reformas que serían trascendentales es la de separar el Ministerio del Interior y de Justicia, y restablecer este último. Siendo así, estaría en cabeza del que sería Ministerio de Justicia, las funciones de formulación de políticas y planes de enmienda al ordenamiento jurídico y la política criminal, en coordinación con las instituciones, y actuar como órgano de interlocución entre el Gobierno Nacional y la Rama Judicial.

Frente a este punto, el Ministro del Interior manifestó la disposición política del Gobierno para independizar los ministerios, y que entorno a los demás puntos prefiere revisarlos para opinar. También dijo que el Gobierno no presentó ninguna agenda temática preestablecida y que tampoco intervino en la selección de las personas que integraron la Comisión.

El proyecto fue presentado al Gobierno ayer en la mañana, y en horas de la tarde lo conocieron los magistrados de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

Al igual que el Gobierno, los magistrados deberán estudiar el proyecto, debatirlo y presentar sus puntos de vista para unificar criterios y presentar un proyecto final al Congreso, como lo dice la ley.

Fiscalía

Una de las propuestas tiene que ver con incrementar el período del Fiscal General de cuatro a cinco años y cambiar la forma de elección, para que sea la Corte Suprema quien presente una lista de seis candidatos, y el Presidente de la República tenga la responsabilidad de escoger uno de ellos.

También se propone consolidar la jerarquía del Fiscal General eliminando de la Constitución la disposición que reconoce la autonomía de los fiscales delegados al interior del ente.

La Comisión de expertos consideró que es importante unificar el esquema procesal penal para dar aplicación exclusiva del nuevo sistema penal, dando fin a la aplicación de la ley 600.

Otra de las opciones presentadas consiste en suprimir en el marco del sistema penal acusatorio la intervención de la Procuraduría en los procesos penales. Como ya se había anunciado, se propone transformar al Consejo Superior de la Judicatura en el Consejo Nacional de la Administración Judicial, órgano de Gobierno de la rama integrado por presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de estado y la Corte Constitucional, y por otros tres miembros, uno elegido por cada una de dichas cortes.

De igual forma, la comisión sugiere otorgar a la Corte Suprema de Justicia la función de dirimir los conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la justicia penal militar, así como destinar a la rama judicial un monto no inferior al 2,5 por ciento del presupuesto anual. Este sería independiente del presupuesto otorgado a la Fiscalía.

Entrega

Según la Corporación Excelencia en la Justicia, al acto asistieron el Secretario General de la Presidencia de la República, Edmundo Del Castillo; el Presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo; el Procurador Alejandro Ordoñez; el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez; el Fiscal General de la Nación encargado Guillermo Mendoza Diago; el Contralor Julio César Turbay; la presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Elsy del Pilar Cuello Calderón; los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres y Francisco Escobar.

Plazos

A partir del 12 de abril, este informe se pone a consideración y estudio del Gobierno Nacional, de las Altas Cortes, de los candidatos presidenciales, de la Academia y demás interesados. Se realizarán debates y las reacciones y propuestas serán analizadas por la Comisión quien entregará al país el documento definitivo el 19 de mayo del presente año.

“La Comisión espera que este documento aliente el debate propositivo para mejorar la justicia colombiana, único propósito que la animó a hacer las propuestas contenidas en el informe”. El informe se encuentra disponible en www.larepublica.com.co.