El objetivo del plan de modernización es “lograr un ejercicio eficiente de la función judicial y administrativa de los despachos judiciales en todos los niveles y para todas las actuaciones, para aumentar la productividad y el rendimiento de los despachos judiciales, y mejorar la calidad del servicio público, básico y esencial de administración de justicia”.
“Uno de los objetivos es lograr el aprovechamiento de todos los recursos tecnológicos en aquellas materias, en aquellos procesos, en aquellas jurisdicciones donde eso es posible”, le comentó a este Diario el magistrado Ricardo Hernando Monroy, vicepresidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
“En los últimos años, los poderes públicos están incorporando las tecnologías de la información y la comunicación a su quehacer diario”, describió el profesor Agustí Cerrillo, director del programa de Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). “La administración de justicia no ha sido una excepción a este proceso, a pesar de que tal vez lo ha hecho a un ritmo más lento del experimentado, por ejemplo, por la administración pública”.
Cerrillo escribió en la Revista de Internet, Derecho y Política del mencionado centro de educación superior, que la e-justicia “puede suponer importantes beneficios en el funcionamiento de la administración de justicia”, como por ejemplo que “el Gobierno y la administración de justicia pueden obtener mayor información y transparencia sobre el funcionamiento de la justicia, y ofrecerla de manera más eficaz y eficiente”.
Para Ana Cecilia Mejía, directora administrativa de la corporación Colombia Digital, “si bien el tema ha tenido algunos avances, todavía lo que tiene pendiente la justicia son retos frente a las oportunidades que ofrece el poder apropiar las TIC para beneficio de la justicia y del ciudadano”.
“El andamiaje del sistema debe sufrir una revolución lo suficientemente grande para que la adecuada y efectiva aplicación de la política, desde la cabeza de la entidad, apropie el tema”, expresó Mejía.
Efectivamente, “se requiere un marco normativo que, por ejemplo, acepte que las notificaciones se puedan hacer por mensajes de texto de un teléfono móvil o a través de Internet, que acepte la huella digital o que no se exija la notificación personal, sino que se pueda hacer electrónica. Tenemos que seguir avanzando”, señaló, por su parte, la ministra Guerra.
“Viene una reforma procesal en lo contencioso”, indicó sobre el tema Gloria María Borrero, directora de la corporación Excelencia en la Justicia.
“Estoy convencida de que es a través de la tecnología que vamos a solucionar muchos problemas que tiene la justicia”, le manifestó a este Diario; beneficios que no son “solo de congestión”, sino “de acceso de información”.
“La implementación de las notificaciones electrónicas”, por ejemplo, “desde luego implica, por una parte, la adopción de las reformas legales, y en esa materia tenemos algunas decisiones por parte del Congreso”, apuntó el magistrado Monroy; “implica también la dotación de los medios informáticos necesarios”, que a su vez involucran una alta inversión económica.
Con la implementación gradual de la oralidad, que a su vez ha permitido la utilización de recursos como las audiencias virtuales, se ha comenzado a andar un camino, del cual, “efectivamente, falta mucho por recorrer para tener un verdadero proceso electrónico judicial”, comentó el juez Alexander Díaz.
Quizás el reto más complicado es vencer las suspicacias que puede despertar el proceso. “La falta de relativas garantías en la fidelidad en el intercambio de la información, o la misma intangibilidad del documento, crea desconfianza para su uso pleno”, indicó Díaz, juez segundo promiscuo municipal de Rovira, Tolima.
