El debate también tiene que ver con la cercanía de los tres candidatos al gobierno. Uno es Camilo Ospina, ex ministro de Defensa y ex embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Y los otros dos son un ex magistrado del Consejo de Estado y una ex asesora del Ministerio de Transporte, ambos oriundos de la misma región del presidente Uribe, Antioquia.
Pero además hay otros cuestionamientos. Algunas organizaciones no gubernamentales recordaron que durante la gestión de Ospina como ministro de Defensa se expidió una resolución que reconoce pagos en dinero a militares en sus operaciones contra los grupos armados ilegales.
El gobierno respondió que la resolución firmada por Ospina no tiene nada que ver con las ejecuciones extrajudiciales conocidas como los “falsos positivos”, por las cuales ya hay varios militares detenidos.
Al mismo tiempo, se conoció una denuncia —que fue archivada recientemente por la Fiscalía- contra otro postulado, Juan Ángel Palacio, según la cual éste intentó presionar un fallo cuando era miembro del Consejo de Estado, el órgano que resuelve los pleitos contra el Estado.
“Todo eso ha enrarecido el ambiente”, le dijo a BBC Mundo Marcela Prieto, directora del Instituto de Ciencia Política -un centro de pensamiento de corte conservador- y vocera de una coalición de organizaciones de la sociedad civil llamada Elección Visible.
“Nos sentimos frustrados”
Aunque la Corte Suprema aceptó un pedido de Elección Visible e hizo una audiencia pública con los candidatos a fiscal, Prieto reconoció que se sienten “frustrados por la calidad de la terna”.
Incluso, personas cercanas al presidente Uribe, como el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, criticaron a los postulados y aseguraron que se trata de una “terna de uno” que busca elegir a Ospina.
Más crítico, el abogado y columnista Ramiro Bejarano declaró a BBC Mundo que con esa terna “la nación siente que la lucha contra la impunidad será postergada por otros cuatro años”.
Bejarano sostuvo “la terna elaborada por el presidente Uribe no le ofrece garantías al país de que quien sea nombrado tenga la preparación suficiente para sacar adelante el nuevo proceso penal acusatorio, ni tampoco la independencia necesaria para resolver los casos que involucran a altos servidores públicos y parientes de la familia presidencial”.
Pero el gobierno ha defendido a los candidatos y asegura que los tres tienen cualidades suficientes para ser fiscal general.
Este jueves habrá una sesión de los 23 magistrados de la Corte Suprema y se espera que elijan al nuevo fiscal. Algunas fuentes le anticiparon a BBC Mundo que no se descarta que haya varias votaciones antes de llegar a un acuerdo y que, incluso, algunos magistrados voten en blanco.
Tensas relaciones
Las relaciones de Uribe y la Corte Suprema han sido particularmente tensas en los últimos años, a raíz del proceso conocido como la “parapolítica”, que investiga los nexos de políticos con grupos paramilitares de derecha.
El nuevo fiscal estará al frente de este organismo, nacido hace 17 años, con casi 20.000 funcionarios, que debe luchar contra la impunidad en un país donde la mayoría de la gente se queja de la falta de justicia.
Ese nuevo fiscal, que asumirá el cargo por cuatro años, tendrá que resolver temas candentes como la “parapolítica” y los nexos de dirigentes políticos con guerrilleros de izquierda, conocido como la “Farcpolítica” y la “Elnpolítica”.
La “Yidispolítica” en sus manos
Pero además, la Fiscalía tiene en sus manos parte de la investigación conocida como la “Yidispolítica”, por los supuestos sobornos pagados por el gobierno de Uribe a congresistas para conseguir la aprobación de la reelección presidencial en 2004.
Otros casos, no menos importantes, también están sobre la mesa del nuevo fiscal, como los seguimientos e interceptaciones ilegales de la policía secreta contra magistrados, dirigentes de la oposición y periodistas.
La Fiscalía también tiene en sus manos el juzgamiento de dos generales del ejército, acusados de desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia, atacado en 1985 por guerrilleros del M-19 y las investigaciones a otros generales por nexos con los paramilitares.
Muchos de los congresistas que empezaron a ser investigados por la Corte Suprema por la “parapolítica” renunciaron a sus fueros y su suerte depende hoy de la Fiscalía General. Uno de ellos es Mario Uribe, primo en segundo grado del presidente Uribe y cercano aliado político del mandatario.
Mario Uribe está a la espera de que la Fiscalía decida si continúa o no el proceso en su contra, por el que ya estuvo privado de la libertad el año anterior.
Por esos y por otros casos hay tanta expectativa en quién será el nuevo fiscal general.
Analistas consultados por BBC Mundo, como la profesora Elisabeth Ungar, dijeron que con el nuevo fiscal general “puede haber absoluciones o prescripciones a favor de los intereses del gobierno”.
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