De acuerdo con el Ministerio de Defensa analistas de las Fuerzas Militares, de la Policía y el director de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF) Mario Aranguren, al igual que el director del DAS, Felipe Muñoz, harán parte de ese organismo, cuya función principal es coordinar y apoyar las actividades de seguimiento a las irregularidades o delitos cometidos dentro y fuera de las agencias de seguri-dad del Estado.
PLAN NACIONAL DE INTELIGENCIA
En una comunicación del Ministerio de Defensa resalta que “otro de los aspectos relevantes que manejará es la implementación del Plan Na-cional de Inteligencia, documento que tendrá un carácter reservado y en el cual se definirán los objetivos y las prioridades de los organismos de inteligencia estatales”.
“Se trata de las políticas en el marco de la seguridad del país. Allí se aterrizan los mecanismos como se va a desarrollar las tareas de defensa y la protección de la seguridad nacional en las fronteras”, aseguró una funcionaria del Mindefensa.
De acuerdo con los fines establecidos por la ley 1288 de 2009, la información recolectada por los organismos de inteligencia no podrá ser obtenida con fines distintos a asegurar la consecución de los fines esenciales del Estado .
El decreto ordena que al momento de actualizar y depurar la información, “cada uno de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, deberá almacenar en las bases de datos por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, per-tenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido político”.
DESPUÉS DE LOS ESCÁNDALOS
La decisión de crear este nuevo organismo se conoció luego de que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, abriera la puerta para que se reestructurara el DAS tras los escándalos que se han presentado por seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y miembros de la oposición.
Precisamente esta semana el vicepresidente de la República, Francisco Santos, calificó de “complot” contra el Gobierno el surgimiento de nuevas chuzadas desde diferentes entidades del Estado.
REACCIONES DE LAS CHUZADAS
A estos pronunciamientos se sumó el Fiscal General (e), Guillermo Mendoza Diago, quien afirmó que desde esa entidad también se habrían hecho seguimientos ilegales, esta vez al magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez. “Eso es grave, la unidad investigativa de Fis-calía puede perder la credibilidad y lo que es mas grave puede poner a que se desconfíe del tema a nivel internacional”, sostuvo Mendoza Diago.
Un día después el director de la Policía, general Óscar Naranjo sostuvo que “dos fiscales atendiendo solicitud de investigadores del CTI y del Gaula (Policía) autorizaron el monitoreo de ese número telefónico”. Esto motivó la apertura de una investigación en esa institución.
Por su parte el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, calificó de “infame” el hecho de las interceptaciones ilegales atribuidas al DAS, pero confió en que la nueva entidad “sea fortalecida en capacidad de cumplir las funciones para las cuales se creó”.
Fuentes del ministerio de Defensa, le dijeron a Colprensa que esta nueva entidad no es el reemplazo del DAS.
TAMBIÉN “CHUZABA”
El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, denunció que la Procuraduría General también hacía interceptaciones ilegales y que estas fueron suspendidas cuando llegó el nuevo procurador, Alejandro Ordóñez.
El ministro confirmó el hecho en compañía del propio Procurador General luego de una reunión. “Nos enteramos que en la Procuraduría había una sala de interceptaciones que venía ope-rando desde el 2004”, dijo Valencia Cossio.
Pero el tema no quedó allí, Valencia confirmó que en el país existen 12 empresas privadas que hacían interceptaciones ilegales que presuntamente vendían información, “se debe saber si en realidad se están vendiendo las grabaciones”, añadió.
En esta oportunidad el ministro le pidió a la Procuraduría y la Fiscalía que investigue cuál era el propósito de las grabaciones ilegales y reiteró que estas interceptaciones amenazan la estabilidad del país.
