Bogotá, 6 de junio de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Tiempo. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
Aunque la tutela busca proteger los derechos fundamentales de forma rápida, esa orden de protección se incumple cada vez más.
El año pasado, en el 66 % de los casos en que un juez concedió una tutela tuvo que iniciar después un incidente de desacato porque el accionado incumplió el fallo, según el Consejo Superior de la Judicatura. Ese incumplimiento, que lleva a más demoras para proteger los derechos de las personas, viene en aumento.
En 2018 hubo desacatos en el 45 % de las tutelas radicadas; en 2017 la cifra fue de 37 %, y en 2016, la tasa fue de 45 %.
Para el exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, “si se ha llegado a tan alto número de acciones de tutelas no cumplidas es que hay una especie de contumacia contra las decisiones de los jueces”, dijo. Añadió que esto muestra que a los ciudadanos les toca insistir más para que se les cumplan sus derechos.
En eso coincidió Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia: “Es muy grave que esa cantidad de gente no obedezca los fallos, habla muy mal de una cultura ciudadana que en vez de respetar las decisiones judiciales decide ignorarlas”, dijo.
Herrera agregó que además de que es preocupante que a los jueces se les desobedezca tanto, de por medio hay derechos fundamentales que requieren atención urgente.
En 2019, según las cifras de la Judicatura, de cada 100 tutelas falladas por salud, en 60 hubo que acudir a desacatos, siendo este el derecho más desobedecido; en segundo lugar estuvo el mínimo vital, con 47 %; le siguió el derecho a seguridad social, con 45 %; a la vida, con 32 %; el quinto lugar lo tuvo el derecho a la igualdad, que presentó desacatos en el 28 % de casos.
En esto hizo hincapié Juan Esteban Zapata, juez civil municipal de Bogotá, quien dijo que es una “tragedia” que los ciudadanos tengan que esperar meses, mientras se resuelven los trámites de un desacato, para que les cumplan algo que era urgente desde que lo pidieron.
“A pesar de que el desacato es una herramienta interesante, hay deficiencias tan estructurales que los accionados ya ni siquiera le temen a esa coerción que debería ser el desacato”, explicó.
Añadió que esta herramienta ha perdido tanta fuerza que han visto que personas o entidades accionadas esperan hasta el final del proceso de desacato para cumplir la orden de tutela. Esto, debido a que la ley prevé que, aun si ya se ordenó una sanción –que puede ser una multa o un arresto–, en caso de que se cumpla la tutela la sanción no se aplica.
“Un desacato es un desgaste para un juez, pero, mientras tanto, la vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos sigue”, concluyó.
El juez primero civil del circuito de Neiva, Andrés Charry, aseguró que además de que las instituciones se acostumbraron a no hacer caso ni a las tutelas ni a los desacatos, ha habido una serie de modificaciones al trámite del desacato que lo han hecho aún más tedioso.
Por ejemplo, dijo, se exige que se le notifique personalmente al accionado que se le va a iniciar un desacato y, contó, han visto casos en que esas personas no reciben la notificación “o se esconden, no reciben al mensajero y demás” porque si no hay notificación personal, puede haber una nulidad.
Para él, este tipo de requisitos nuevos lo que han hecho es “darles demasiadas garantías a quienes ya está probado que incumplieron derechos, pues así consta en la tutela que les ordena algo. Con estos trámites los accionados ganan tiempo para, finalmente, cumplir la orden, pero en la práctica el mensaje que se envía es perverso, de que se puede jugar con los derechos humanos y la justicia”, dijo.
Ante este panorama de incumplimientos sistemáticos de órdenes judiciales, algunas voces, como la del exmagistrado Beltrán Sierra, creen que podría ser útil que “el Congreso dictara normas que hicieran más severa la sanción y más ágil la imposición”.
No obstante, para los jueces Zapata y Charry, la solución no son más reformas, sino, por un lado, que dejen de ponerse tantos requisitos al desacato para que sea un trámite expedito y no se demore meses en darles una respuesta a los ciudadanos; y por otro, que se busque solucionar los problemas de fondo que originan las tutelas, es decir que dejen de vulnerarse los derechos de los ciudadanos.
