Auque y Villalba fueron sindicados por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilegal de equipos transmisores o receptores, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
De acuerdo con lo establecido, entre las víctimas de esos procedimientos ilegales figuraron activistas de derechos humanos, periodistas y dirigentes políticos.
